La Fiscalía General del Estado pidió expresamente a la Organización de Estados Americanos (OEA) información adicional que respalde su informe de octubre de 2019, a fin de contribuir a sostener el caso Fraude, pero el organismo no respondió nada, informó este miércoles a La Razón Radio el secretario general de la Fiscalía, Edwin Quispe.
“Hemos requerido, no una, sino muchas veces, a través de la Cancillería, entonces estaba la exministra (de Relaciones Exteriores) Karen Logaric; hemos solicitado, nunca nos ha respondido de manera oficial la OEA; no hemos recibido ese pronunciamiento, pese a que nosotros (los fiscales) hemos usado los canales (el Ministerio de Relaciones Exteriores), a través de ello hemos solicitado y no hemos tenido respuesta”, destacó el secretario de la Fiscalía.
De aquí, dijo Quispe, ante el comunicado de la OEA del lunes, en que descalifica la pericia informática contratada por la Fiscalía, el Ministerio Público decidió no referirse a “pronunciamientos de carácter político, claramente parcializados, que colectan un sinfín de datos que no sabemos si son verdad o no, que no son indicios que sean posibles de contrastar”.
En la entrevista con el programa por streaming de La Razón Radio, Quispe ratificó que el informe de auditoría de la OEA fue el punto de partida de la indagación fiscal en el caso Fraude; es más, reveló que el proceso fue llevado adelante “de oficio”.
“Con relación al denominado caso Fraude electoral, que tiene sede en La Paz, se inicia a partir del informe preliminar que saca la OEA”. En los anuncios que hizo la OEA en noviembre de 2019 se daba cuenta de posible “manipulación informática, manipulación de datos, de resultados”, sobre esto es que la Fiscalía actúa, “ya constituía un posible delito”, dijo Quispe.
Precisó que el delito “fraude” no está consignado como tal en la normativa penal boliviana; lo que sí está es “manipulación informática”, y es con esto que los fiscales empezaron su trabajo.
El informe del organismo se lo tomó como un “indicio” y no como algo “vinculante” porque como tal acuerdo no tenía la jerarquía jurídica para ser tomado como obligatorio para los fiscales, explicó.
En relación a quienes impulsaron la investigación fiscal, como parte del proceso, Quispe señaló que el único querellante fue el Tribunal Supremo Electoral (TSE); quienes en los medios de comunicación acusaban el “fraude”, reveló, estaban sólo como denunciantes, no se constituyeron en querellantes.
Y es que el querellante debe aportar con las pruebas del caso, y eso no hubo.
