Ejecuciones sumarias, militares fuertemente armados, disparos contra los manifestantes que provocaron 10 fallecidos y al menos 36 heridos… son conclusiones de lo ocurrido en la masacre de Sacaba (Cochabamba), según el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentado este martes, sobre la violencia y la violación de derechos humanos en el país en 2019.
El 15 de noviembre de ese año, una movilización de cocaleros del Chapare intentó llegar al centro de la ciudad de Cochabamba, reclamando por el derrocamiento del expresidente Evo Morales y la proclamación de Jeanine Áñez, el 12 de noviembre.
Fue intervenida por un operativo militar y policial, y los efectivos castrenses actuaron bajo el amparo del Decreto Supremo 4078, promulgado el 14 de noviembre por Áñez y su gabinete, que los eximía de responsabilidad penal en sus acciones para el “restablecimiento del orden”.
El GIEI relata que aproximadamente 5.000 pobladores del Chapare participaron de la marcha, y a las 14.00 de ese 15 de noviembre, los movilizados fueron “bloqueados” por la Policía y las Fuerzas Armadas, a la altura del puente Huayllani.
“Quienes encabezaban la marcha y algunas mujeres del Chapare intentaron negociar con el Comandante Departamental de la Policía, que se encontraba presente en lugar, para que los dejara continuar hacia Cochabamba. Días antes, el comandante de Policía había informado que no permitiría el ingreso de los y las manifestantes a la ciudad. Las negociaciones resultaron infructuosas”, señala el documento proporcionado por el GIEI a La Razón.
Según el relato del grupo de expertos, un avión caza sobrevoló ese momento la zona y comenzó la represión con gases lacrimógenos. Eso estuvo a cargo de la Policía, ya que posteriormente los efectivos del Ejército y la Fuerza Aérea se le unieron. Dos helicópteros volaron sobre los manifestantes. “La mayoría de las personas huyeron en dirección contraria al puente y por las calles aledañas. Sin que existiera razón alguna que lo justificara, agentes del Estado dispararon en contra de manifestantes”.
“La investigación verificó que las tropas de las Fuerzas Armadas se encontraban fuertemente armadas. Oficiales y alumnos del Ejército portaban fusiles SIG y FAL, además de armas de dotación individual, mientras que los soldados estaban dotados con pistolas lanza gases, escopetas Mossberg 12 mayor, granadas de gases y escudos. Efectivos de la Fuerza Aérea boliviana portaban fusiles GALIL y granadas de gas”, remarca el grupo de especialistas.
Así, se desencadenó la persecución contra los manifestantes que huían de la represión, y que para hacer frente a los gases encendieron neumáticos y solo se defendieron lanzando piedras. Las fuerzas de seguridad avanzaron por la avenida Villazón con destino a Sacaba y detuvieron a los campesinos que se resguardaban en casas de vecinos.
“Producto de los disparos, nueve personas resultaron fallecidas y una décima quedó con graves heridas, que provocaron su muerte en junio del año siguiente. Por lo menos otras 98 personas resultaron heridas. El GIEI logró documentar 36 personas heridas con proyectiles de arma de fuego”.
En contraparte, el documento subraya que no se hallaron pruebas del uso de armas de fuego por parte de los manifestantes o que amenazaran la vida de otros movilizados, de los uniformados de la Policía o de las Fuerzas Armadas. O sea, se cae la tesis del entonces ministro Arturo Murillo, de que las balas provinieron de los movilizados. “No hubo informes de lesiones graves a ningún miembro de las fuerzas del orden”, zanja el informe conclusivo.
“El GIEI evalúa que la reacción de los militares y de la policía fue desproporcionada y condujo deliberadamente a la pérdida de vidas y a graves lesiones de los manifestantes. De acuerdo con la terminología adoptada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las muertes de las víctimas de Sacaba constituyen ejecuciones sumarias y los hechos pueden ser descritos como una masacre. Además, el GIEI constató que varios manifestantes fueron detenidos ilegalmente y sometidos a torturas o a tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de la policía”.
Aparte, los expertos hacen un llamado de atención al Estado, más concretamente al Ministerio Público, ya que “no ha cumplido con su deber de debida diligencia en la investigación, persecución y sanción de los responsables, si bien, en los últimos meses, se observan avances importantes en el esclarecimiento de los hechos”.
