En atención a las recomendaciones del GIEI sobre la violencia de 2019, el canciller Rogelio Mayta aseguró que el decreto de amnistía de febrero de 2021 será derogado e informó que hasta el momento no benefició a ninguno de los beneficiarios.
El decreto en cuestión establece que serán beneficiadas las “personas que fueron procesadas penalmente durante el Gobierno de facto, en franca vulneración de los derechos humanos, garantías y libertades constitucionales, por la presunta comisión de delitos que tengan relación directa con los conflictos sociales dentro la crisis política institucional del Estado acaecida en el país entre el 21 de octubre de 2019 y el 17 de octubre de 2020”.
Mayta aseguró en la red UNO que hasta el momento “nadie ha sido amnistiado en función a ese decreto” aprobado por el gobierno del presidente Luis Arce en febrero de 2021.
Durante el gobierno de Áñez se inició procesos penales contra cientos de personas por los delitos de sedición, conspiración y terrorismo. El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) advirtió que esa norma debe ser anulada porque solo cuestiona el procedimiento y puede llegar a beneficiar a quienes fueron parte de la violencia y muerte.
Arce anunció el día de la presentación de informe del GIEI que se anulará el decreto 4461.
