El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, acompañado de otros dirigentes de su organización, salió este lunes en defensa de la expresidenta Jeanine Áñez, que se provocó lesiones en su cuerpo dentro de la cárcel, y aseguró que su equipo jurídico asumirá “acciones internacionales”.
“Nosotros, con la parte legal del Comité, estamos tomando acciones internacionales por el respeto a la mujer y por el respeto a la posición de la señora Áñez; creemos que el pueblo boliviano se ha manifestado en las calles pidiendo que se respete la condición de la señora Áñez (porque) la situación médica que ella está sufriendo en este momento (es complicada)”, dijo Calvo sin precisar qué tipo de medidas legales se asumirán.
Agregó que se están vulnerando todos los derechos de la exmandataria transitoria, “al igual que de otros presos políticos”.
Por tanto, “la justicia debe evolucionar y dar cabida a la libertad de expresión, al respeto a los derechos constitucionales de cada ciudadano y evitar el revanchismo político, el atentado y la vulneración de las leyes”, remarcó.
La madrugada del sábado, Áñez se provocó lesiones en la cárcel de Miraflores, donde está recluida desde marzo pasado por el caso golpe de Estado.
Según reveló su abogado Jorge Valda, en una entrevista con La Razón Radio, la exautoridad se causó lesiones con un clip o un alambre, no con un cuchillo.
“Sí, efectivamente, se ha realizado cortes de aproximadamente tres, cuatro o cinco centímetros de longitud, de dos milímetros de profundidad, en ambos antebrazos, en ambas muñecas. (Son heridas) con una herramienta punzante, ni siquiera cortopunzante; no ha sido con un cuchillo, ha sido con un clip, con un fierro (sic), con un alambre”, detalló el abogado.
Entretanto, el Gobierno insiste que no se está vulnerando los derechos de la exmandataria y que está recibiendo la atención médica correspondiente en coordinación con su familia.
A instancias de la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty, Áñez guarda detención preventiva desde el 13 de marzo de este año, acusada por presuntos delitos de sedición, terrorismo y conspiración.
El Gobierno y la Cámara de Senadores se sumaron a la causa y consiguieron que el Ministerio Público imputara también a la exmandataria por delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, al entender que Áñez se proclamó, primero, titular de la Cámara de Senadores y, luego, presidenta por sucesión en la Asamblea Legislativa, en franca violación de la Constitución y los reglamentos legislativos.
