En la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), el secretario general Luis Almagro reivindicó el carácter vinculante de la auditoría electoral de 2019, y su secretario para el Fortalecimiento de la Democracia, Francisco Guerrero, se encargó de volver a refutar la pericia de la Universidad de Salamanca que descarta cualquier irregularidad en los comicios de 2019 en Bolivia.
“Entendemos que este acuerdo (para auditar las elecciones bolivianas) tiene un carácter vinculante y el término vinculante no da lugar a dos interpretaciones. Hay diferencias con la delegación de Bolivia sobre el acuerdo. Nosotros cumplimos de buena fe”, remarcó Almagro en su intervención en la sesión virtual de este miércoles, después de las declaraciones que llevaron a cabo el canciller Rogelio Mayta; el ministro de Justicia, Iván Lima, y el representante de Bolivia ante el organismo hemisférico, Héctor Arce.
La reunión fue convocada a solicitud del Gobierno de Bolivia, en rechazo al comunicado del 9 de agosto en el cual la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, dirigida por Francisco Guerrero, tildó como una “vergüenza hemisférica” a los comicios de 2019 en Bolivia y objetó la pericia a la Universidad de Salamanca, encargada por el Ministerio Público dentro del caso Fraude y que negó “manipulación dolosa”.
El estudio determinó que la Fiscalía emita el sobreseimiento para los exvocales electorales que eran acusados de irregularidades en las elecciones de 2019, las que se apoyaron precisamente en el informe de la OEA. Asimismo, el Ministerio Público solicitó que se archive el expediente al no haber pruebas de las sindicaciones. El Gobierno y el Movimiento Al Socialismo (MAS) defienden que ello demuestra que en noviembre de ese año hubo un golpe de Estado que provocó el derrocamiento del expresidente Evo Morales.
En la sesión, los ministros Mayta y Lima criticaron la “intromisión” de Almagro en asuntos internos de Bolivia y pusieron en duda su credibilidad para seguir al frente de la OEA. El aludido rechazó cualquier injerencia y defendió su papel en defensa de los derechos humanos y la democracia en la región, aparte del derecho internacional. “No tengo dudas sobre el buen cumplimiento del acuerdo con el Gobierno de Bolivia en 2019”, subrayó.
Asimismo, aclaró que no hay ningún “capricho” ni “mala voluntad” de su parte en el caso y en alusión a Bolivia señaló que no aceptará cualquier hecho de corrupción, ni de violación de derechos humanos, menos impunidad. Lo dijo después de conocerse el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que determinó graves violaciones a los derechos humanos y masacres en Bolivia, entre septiembre y diciembre de 2019. Incluso ratificó su posición de recurrir a la Corte Penal Internacional.
Y para objetar a la pericia de la Universidad de Salamanca, recurrió al secretario Guerrero, quien ratificó las observaciones al estudio por ser extemporáneo y no haber sido realizado por personal técnico idóneo. Eso sí, afirmó que valida los hallazgos de “extrema gravedad” de la auditoría de la OEA, que más allá de la “manipulación dolosa” estableció “destrucción de la evidencia”. Quienes realizan estos estudios, aclaró, “son técnicos y no políticos”, y criticó que “se intente cambiar la realidad” del estudio.
Las autoridades bolivianas apuntaron a Almagro de haber desencadenado la violencia el 10 de noviembre de 2019, con la presentación de un informe electoral preliminar que no estaba estipulado en el acuerdo con el gobierno de entonces, que dictaba la entrega de una auditoría completa mediante la vía diplomática. Incluso advirtieron que ello provocó el pedido de renuncia de los militares al entonces presidente Morales, que al final se dio. Al respecto, Guerrero dijo que no se puede responsabilizar a Almagro y la OEA de los hechos posteriores al informe preliminar, sino a actores internos en Bolivia.
En una nueva intervención de respuesta, el canciller Mayta dijo que las intervenciones de Almagro y Guerrero son una nueva muestra de “intromisión” y remarcó que no se presentaron argumentos ante las denuncias explicadas por el Gobierno de Bolivia, en cuanto al comunicado del 9 de agosto. Asimismo, subrayó que no se rechaza las misiones de observación electoral, sino el caso específico de la misión de 2019, lo que debería llamar la atención y a la preocupación de los Estados miembros de la organización.
