El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Alarcón aclaró este jueves que su alianza no busca “superponer” la reforma judicial a la búsqueda de justicia por los hechos de violencia de 2019 porque, en su criterio, en el tiempo ambos procesos pueden avanzar de forma paralela o simultánea.
“Son dos procesos que en el tiempo no se superponen, sino más bien pueden simultánea y de manera paralela avanzar juntos”, dijo Alarcón en una entrevista con La Razón Radio.
El lunes, el líder de CC, Carlos Mesa, a tiempo de enviar una carta al presidente Luis Arce para proponerle un acuerdo nacional de paz y reconciliación, volvió a pedir al “Ejecutivo voluntad política para cambiar a los operadores judiciales y del Ministerio Público como condición previa, absolutamente inseparable lo uno de lo otro, a la realización y procesamiento de juicios de responsabilidades”.
También puede leer: Mesa envía una carta a Arce y le propone un acuerdo de ‘paz y reconciliación’.
Pero “no es que hay que esperar hasta el 2023 (cuando se deben realizar nuevas elecciones de autoridades judiciales) para que se lleve adelante el trabajo que se tiene que hacer en la Asamblea Legislativa”, insistió el diputado opositor.
Porque, según el legislador, si ya estarían sentadas las “bases mínimas” para renovar al fiscal general del Estado y a los fiscales departamentales, y para hacer una reforma constitucional parcial específica sobre las designaciones o en su caso una ley de garantía de la independencia del Órgano Judicial, se podría continuar con los dos objetivos que se busca.
Es decir, “de manera paralela y de manera simultánea, una vez definidos estos aspectos, se procedería a autorizar todos los juicios de responsabilidades que tengan que ver con el informe del GIEI, tanto de la última fase del expresidente Evo Morales, si se presentarían, como de la primera fase del gobierno de la expresidenta Jeanine Áñez”, reiteró.
También puede leer: Lima prevé que un eventual juicio a Áñez por las masacres sería con nuevos magistrados.
El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) estableció que en el último trimestre de 2019 —es decir durante la parte final del gobierno de Evo Morales y el inicio de la gestión de Jeanine Áñez— se cometieron graves violaciones a los derechos humanos en Bolivia, además determinó que hubo masacres y ejecuciones sumarias durante el mandato transitorio.
En las últimas horas, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidió enviar a la Asamblea Legislativa la proposición acusatoria contra Áñez por las masacres de Sacaba y Senkata, para un eventual juicio de responsabilidades. Mientras, en contra de Morales, al margen de las declaraciones mediáticas de algunos opositores, todavía nadie inició ninguna acción de esta naturaleza.
En la Asamblea Legislativa, el oficialismo no tiene los dos tercios de votos que se requiere para aprobar un juicio de responsabilidades, por lo que necesitará generar algún acercamiento con la oposición para tratar de lograr su objetivo de procesar a Áñez por las masacres.
Entretanto, “la posición hasta ahora de CC es el acuerdo de paz que conlleva una investigación de todos los hechos (de 2019) con un cambio al Ministerio Público y a la Justicia, que se lo puede hacer en 90 días (…), y cuando nos llegue este requerimiento (acusatorio) vamos a tener que evaluar, tendremos que ver qué dice y eso es otro nivel de análisis”, apuntó Alarcón.
