En una sesión extraordinaria, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidió enviar a la Asamblea Legislativa la proposición acusatoria contra la expresidenta Jeanine Áñez, por los casos de las masacres de Sacaba y Senkata, para un eventual juicio de responsabilidades.
La información fue anunciada por el presidente del TSJ, Ricardo Torres, quien detalló que el documento será remitido al Órgano Legislativo, además del informe de la Sala Penal que consideró la proposición acusatoria del caso presentada la semana pasada por la Fiscalía General del Estado.
Áñez, recluida ahora en la cárcel de Miraflores por el caso Golpe de Estado de 2019, fue acusada por el Ministerio de Justicia de haber sido una de las autoras de las masacres de Sacaba y Senkata, cuando una veintena de manifestantes murieron en la represión policial-militar del 15 y 19 de noviembre de 2019, respectivamente. Debe responder por los presuntos delitos de genocidio, lesiones graves y leves y lesión seguida de muerte.
La semana pasada, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) concluyó en su informe que en esos hechos luctuosos hubo masacres, ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo de la fuerza.
Según aclaró Torres, la decisión de la Sala Plena del TSE es solo un trámite y dependerá de la Asamblea Legislativa definir si corresponde o no un juicio de responsabilidades contra la exmandataria acusada. “No significa el inicio de juicio de responsabilidades”, dijo.
Sin embargo, consideró que es un trámite destinado a ese fin. Es “un prejuicio, si vale el término, donde se agotan formalidades que corresponden a (trámites) previos al inicio de juicio de responsabilidades”, dijo Torres en declaraciones publicadas este jueves por el TSJ.
Al amparo del Decreto Supremo 4078, que eximía de responsabilidades penales a los militares, las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana ejecutaron en noviembre de 2019 sendos planes de contención de las manifestaciones sociales que entonces apoyaban al dimisionario presidente Evo Morales y contra Áñez, que había llegado al poder el 12 de noviembre.
En la represión del 15 de noviembre de Sacaba, en el puente Huayllani, murieron por impacto de bala 10 personas, vinculadas a los movimientos cocaleros e interculturales que tenían planeado ingresar a la ciudad de Cochabamba. El 19, otra movilización, fue repelida también por fuerzas combinadas, cuando bloqueaban el ingreso a la planta de hidrocarburos de Senkata, en El Alto; el saldo de la represión también fue de 10 fallecidos y decenas de heridos.
Entonces, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, dijo que los movilizados se habían disparado entre sí, para salvar la responsabilidad de las fuerzas combinadas. Y, por su parte, su colega de Defensa, la noche de la masacre de Senkata, afirmó que “del Ejército no salió ni un solo cartucho”.
En su informe sobre la violencia y la violación de derechos humanos en la crisis poselectoral de 2019, el GIEI estableció que en la masacre de Sacaba hubo “muertes como ejecuciones sumarias” y en Senkata, “un conjunto de ejecuciones sin amparo legal”.
