Familiares de víctimas y heridos de las masacres Sacaba y Senkata marcharon por las calles de La Paz en demanda de que el Ministerio Publico inicie procesos contra todos los actores que promovieron el denominado golpe de estado en 2019.
Marisol Rodríguez, representante de las víctimas de Senkata, afirmó que las movilizaciones de esta naturaleza serán constantes en demanda de justicia. “Ésta es una marcha pacífica para recordarle al Gobierno que hay juicios y procesos que tienen que iniciarse contra hospitales, médicos que han hecho mala práctica, contra exministros y aquellas personas que han iniciado las convulsiones en La Paz y toda Bolivia”, dijo.
La dirigente exhortó a los parlamentarios de oposición a que se sumen a la demanda de justicia por todas las víctimas del gobierno de transición. “Pedimos a toda la oposición de todo corazón no apoyaremos a una persona, apoyaremos a una población que ha sido masacrada, el hecho de que provengamos de gente indígena y seamos de piel morena no quiere decir que nos pueden venir a masacrar tiene que haber justicia para todos”.
Los movilizados respondieron también al exdiputado Amilcar Barral, quien señaló que esas organizaciones, al margen de haber cobrado recursos del gobierno de Jeanine Añez, hoy van tras otro bono económico del actual mandato.
Rodríguez aclaró que esos recursos cubren solamente gastos de alimentación, lo que no significa que reparen la ausencia de sus seres queridos. “Como quería el señor Barral que mantengan a los niños huérfanos, no hemos pedido estar en el lugar donde estamos nosotros, no hemos salido a las calles para que en ese momento el gobierno transitorio mande a masacrarnos; tiene que pagar por lo que han hecho”.
En criterio de la dirigente, el Ministerio Publico debe impulsar los procesos contra exautoridades del gobierno de Áñez y quienes tuvieron alguna relación con ese mandato.
Adelantó que las movilizaciones serán replicadas en otras regiones del país en demanda de justicia. “Nos vamos a manifestar aún más, vamos a radicalizar nuestras medidas, vamos salir a las calles, recordándole al pueblo que aquí están las víctimas; no nos vamos a rendir y vamos a seguir de pie hasta las últimas consecuencias”.
La marcha recorrió el centro de La Paz con carteles, fotos de los fallecidos y estribillos en demanda de justicia por los caídos y heridos en las violentas represiones militares y policiales de 2019. Al frente de la Fiscalía Departamental de La Paz quemaron muñecos que simbolizaban a Áñez y sus ministros, entre ellos Arturo Murillo.
El 15 de noviembre de 2019, al amparo del Decreto 4078, que eximía de responsabilidades penales a las fuerzas del Estado, las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana interceptaron la movilización de cocaleros en el puente Huayllani, en Sacaba. El saldo de la represión fueron 10 fallecidos, todos con impactos de bala. Cuatro días después, la represión se repitió en Senkata, El Alto, con el mismo número de fallecidos.
El decreto fue firmado por Áñez y su gabinete el 14 de noviembre.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó la violencia y la violación de derechos humanos en la crisis poselectoral de 2019, estableció que en las masacres de Sacaba y Senkata hubo ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo de la fuerza.
Por estos sucesos, la Asamblea Legislativa considera una proposición acusatoria contra Áñez, para un eventual juicio de responsabilidades.
El Movimiento Al Socialismo (MAS) impulsa el juicio, pero las fuerzas de oposición, Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, objetaron el proceso y lo condicionan a un eventual juicio a Evo Morales.
