El vicepresidente en ejercicio de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Edgar Salazar, explicó este lunes que el tiempo de mandato del directorio que preside Amparo Carvajal en esa institución nacional ha fenecido en 2018, por tanto actualmente se están usurpando funciones.
“Desde 2016 existe un directorio, a la cabeza está la señora Amparo Carvajal, yo soy el vicepresidente, pero nuestro mandato ha fenecido el 2018 (…) No existe un directorio, existe una usurpación de mandato por parte de la señora Amparo Carvajal”, informó en entrevista con La Razón Radio.
Explicó que se ha pedido a Carvajal convocar a un congreso nacional, para elegir una nueva directiva, pero esta les manifestó que ejercerá la presidencia “hasta que la vida le aguante”.
Ante esa situación, adelantó que las directivas departamentales tratan de organizarse para convocar a un congreso vía virtual, para analizar la situación del directorio.
Aclaró que su reglamento no establece ese tipo de situaciones, pero sí permite que se convoque a un congreso para elegir una nueva directiva, solicitando incluso que Carvajal sea suspendida del cargo.
“Es necesario que llevemos adelante un congreso de unidad, donde la diversidad de ideologías, la pluralidad de ideologías que existe al interior de derechos humanos sean los que definan un nuevo presidente de derechos humanos, que devuelva esa esencia histórica de defender los derechos humanos de las personas que han sido violadas en sus derechos, masacradas en sus familias», agregó.
Consideró que Carvajal aprovecha su cargo “para jugar un flaco favor contra los propios derechos humanos”, tomando en cuenta que manifestó su apoyo a las Fuerzas Armadas y la Policía sobre los conflictos poselectorales de 2019, que se saldaron con las masacres de Sacaba y Senkata que dejaron una veintena de fallecidos, olvidando el rol que esas instituciones jugaron en tiempos de dictadura.
Cuestionó también que Carvajal no entregue dinero a las asambleas departamentales, salvo las de Oruro y Tarija, que son las que respaldan su presidencia.
«Lastimosamente las asambleas permanentes de derechos humanos de Oruro y Tarija son las que tienen un apoyo incondicional a la señora Amparo Carvajal, porque financia económicamente a esos dos departamentos en detrimento del resto de las asambleas de derechos humanos del país», agregó.
