Tras el macabro crimen de Mayerly Condori Quispe de 18 años, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, anunció este miércoles que se analizará la normativa vigente en el país para evitar que personas con antecedentes de asesinato se beneficien de “privilegios” de la justicia boliviana.
El feminicida de Mayerly, identificado como Matusalén M. L. de 22 años, “ha cumplido tres cuartas (partes) de su pena (por el asesinato de un niño de cuatro años porque) cuando cometió ese su primero delito él solo tenía 15 años; sin embargo, vamos a tener que analizar la normativa legal vigente con la Asamblea Legislativa, con las tres bancadas, para evitar de que estas personas tengan privilegios en la justicia boliviana”, dijo Del Castillo.
La autoridad hizo esas declaraciones en el acto de presentación Matusalén, quien, según su versión, “ya ha confesado este (nuevo) delito”.
El cuerpo descuartizado de Mayerly fue encontrado el pasado 6 de septiembre en un bosquecillo de la zona Alto Llojeta de la ciudad de La Paz.
La Fiscalía General del Estado registró, desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto de este año, 81 casos de feminicidio en distintas regiones del país.
El ministro agregó que la Policía está resolviendo en menos de 48 horas algunos de estos casos, pero en otras instancias no ocurre lo mismo. Por lo que “pedimos públicamente el acompañamiento de la justicia boliviana para que este tipo de sujetos e individuos (como Matusalén) no vuelvan a recuperar su libertad y no vuelvan a cometer hechos atroces”, insistió.
Según la autoridad gubernamental, la justicia, en los últimos meses, ha liberado a feminicidas, asesinos y a una serie de criminales pese “a tener los indicios y las pruebas suficientes”.
