Un enfrentamiento en Porvenir, Pando, entre campesinos y funcionarios de la entonces Prefectura acabó con 13 muertos, un 11 de septiembre de 2008, hace 13 años. Las víctimas aún buscan que el proceso termine con el resarcimiento civil.
En contacto con La Razón, la abogada de las víctimas de la masacre, Mary Carrasco, lamentó que procesos dentro del Órgano Judicial hayan regalado impunidad a los autores del crimen. “Quieren que pase al olvido la masacre de Porvenir y es evidente que el tiempo puede ir en contra de esa clase de hechos, que las nuevas generaciones ni siquiera conocen o valoran”, protestó.
Un grupo de campesinos, junto a tres normalistas, se trasladaba ese día hacia Cobija, Pando, para tomar oficinas del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) con el argumento de proteger derechos de titulación. Funcionarios de la Prefectura, liderados por el entonces prefecto Leopoldo Fernández, cavaron zanjas para evitar avanzar a su destino.
“Los propios funcionarios de la Prefectura realizaron dos zanjas para impedir su transporte, violando su derecho a la libre locomoción”, recordó Carrasco.
En ese trajín se protagonizaron los enfrentamientos en Porvenir, una población enclavada en la amazonía pandina, fronteriza con Brasil. El saldo fue 15 muertos entre campesinos, normalistas y funcionarios del gobierno departamental. Poco después de es hecho, las Fuerzas Armadas tomaron el control de Cobija.
La jurista recordó que tres jóvenes paceños fueron a estudiar a Cobija para ser maestros ya que no había más cupos en la sede de gobierno; no imaginaban que iban a encontrar la muerte a más de 640 kilómetros de casa.
Las madres de estos tres estudiantes fueron las que sentaron la denuncia contra Fernández, otras autoridades y funcionarios públicos, cinco días después del fatídico hecho. Había al menos 26 personas sindicadas, pero muchas de llas huyeron del país.
Algunos de los marchistas intentaron huir del escenario cruzando el río Tahuamanu, pero los acribillaron sin piedad. “Del puente, con una visión de absoluta ventaja, fueron acribillados”.
CULPABLES. En marzo de 2017, Fernández fue sentenciado a 15 años de cárcel por los delitos de asesinato, terrorismo, homicidio, asociación delictuosa y lesiones graves y leves.
Junto a la exautoridad fueron procesados Edwin Ventura, exalcalde de Porvenir; Juan Marcelo Mejido y Hernán Justiniano. Todos fueron condenados.
En 2019, Fernández obtuvo libertad irrestricta, pura y simple, después de haber cumplido poco más de cinco años, convalidando su tiempo de detención preventiva y domiciliaria.
“Lo ocurrido es violatorio a los derechos humanos (DDHH), lo han dicho todas las instancias, el Alto Comisionado de los DDHH a la cabeza de Denis Racicot, además estuvo la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), la Defensoría del Pueblo. Tiene informes que refieren un acto de masacre”.
La abogada comentó que una vocal de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia intentó una serie de “maniobras judiciales” para que el hecho prescribiera.
Carrasco recordó que los argumentos que se utilizaron en aquel hecho se parecen a los que expresó el exministro de Gobierno Arturo Murillo cuando aseguró que las víctimas fatales de Sacaba y Senkata, en 2019, “se habían disparado entre ellos”.
Lista de fallecidos
Bernardino Racua, Nora Montero de Racua, Dumay Villanueva, Agripino Vargas, Roberto Rodríguez, Hernán Justiniano, Pedro Oshiro (funcionario de la Prefectura), Alfredo Céspedes (Prefectura), Ramiro Tiñini Alvarado, Antonio Toni Rivera, Jhonny Cori Salsuri, Wilson Castillo Quispe y Alfonso Cruz Quispe.
