Hoy se cumplen seis meses de la detención de la expresidenta Jeanine Áñez, en medio de un tira y afloja por su estado de salud y sus solicitudes de “casa por cárcel”, con 10 reveses judiciales en el camino, y una guerra legislativa anunciada para poder enjuiciarla.
“Informo al pueblo boliviano que la señora Jeanine Áñez ya fue aprehendida y en este momento se encuentra en manos de la Policía”. Así anunciaba la detención el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en su cuenta de las redes sociales, la madrugada del 13 de marzo .
Áñez lucía un atuendo deportivo cuando fue hallada un día antes en el interior de un sommier de una casa en Trinidad, Beni. Luego, ataviada en un abrigo negro y flanqueada por Del Castillo y por el comandante de la Policía, Jhonny Aguilera, llegó a La Paz y fue llevada a oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).
A partir de entonces está tras las rejas. Primero en la carceleta policial y, desde el lunes 15, en un centro penitenciario (el penal de Obrajes y luego el de Miraflores), ya que la Justicia le dio cuatro meses de detención preventiva, que más tarde se convirtieron en seis dentro del caso Golpe de Estado; más aún, debe estar otro medio año bajo reclusión por otro proceso abierto en la vía ordinaria.
FUGA. Junto a ella corrieron la misma suerte sus exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, que están en el penal de San Pedro. Riesgo de fuga y de obstaculización a la investigación fue la razón para la determinación del juez en sus audiencias de medidas cautelares.
Uno de los abogados de la exmandataria transitoria, Luis Guillén, asegura que hubo un allanamiento a su casa que violó las normas procesales, al igual que en su aprehensión y su imputación.
“La primera acción que tomó la defensa fue un incidente de aprehensión ilegal, porque la señora Áñez debía ser citada antes de emitirse una orden de aprehensión en su contra, en el caso no pasó esto”.
Guillén acota que la orden de allanamiento a la vivienda fue con el “pretexto” de buscar la nota escrita que el excomandante de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman leyó, acompañado de otros jefes militares, “sugiriendo” la dimisión del expresidente Evo Morales, el 10 de noviembre de 2019.
Fuentes oficiales tienen otra versión. Indican que Áñez tenía un plan de fuga, por lo cual se encontraba oculta y tenía incluso boletos comprados para abordar una avioneta con destino a Brasil, ese 12 de marzo. Había sido alertada de la orden de aprehensión por Yerko Núñez, su exministro de la Presidencia, quien recibió el dato del entonces fiscal departamental de La Paz, Marco Cossío. Él logró escapar y se encuentra actualmente prófugo.
El caso Golpe de Estado investiga el derrocamiento de Evo Morales, quien renunció asfixiado por protestas cívicas, denuncias de fraude electoral, un motín policial y la presión de las Fuerzas Armadas. El 12 de noviembre de 2019, Áñez se proclamó presidenta, después de reuniones extralegislativas que permitieron que tome el poder.
Guillén cuestiona también que se haya declarado competente a un juzgado ordinario “para asumir competencia en algo que tenía que estar siendo dilucidado bajo la ley del juicio de responsabilidades”. Y añade que las acusaciones de “terrorismo, sedición y conspiración” que pesan contra su defendida no pudieron ser demostradas.
DISCURSOS. Eso no es todo. Denuncia el “fraccionamiento” de procesos, lo que provocó que Áñez sea igualmente acusada de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. “Está siendo juzgada dos veces por el mismo hecho”. Esto es parte de los 10 reveses judiciales que sufrió en seis meses. (Ver infografía)
En las últimas semanas, el estado de salud de la exmandataria ha provocado un tira y afloja de discursos. La defensa de Áñez afirma que ella precisa salir de la cárcel para recibir los cuidados adecuados; mientras que el Gobierno, con informes de especialistas en la mano, replica que la expresidenta se encuentra estable.
Ahora, en el horizonte próximo está el debate legislativo para entablar o no un juicio de privilegio contra la expresidenta. El oficialismo apunta a aprobarlo, pero la oposición ha condicionado ello a una reforma previa de la Justicia. Mientras se abre otro episodio en esta novela, con el pedido de los abogados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que dicte medidas cautelares para la exsenadora.
