El Ministerio de Defensa de Bolivia, mediante un comunicado de prensa, aseguró que los tres militares bolivianos detenidos en Chile, por supuesto “robo con intimidación” y porte ilegal de armas de fuego, son “profesionales formados con los más altos valores”.
“Los tres militares, como miembros del Ejército de Bolivia, son profesionales formados con los más altos valores, quienes cumplían su misión constitucional de defender y conservar la seguridad, el honor y la dignidad del Estado”, cita el documento emitido el 11 de septiembre, aunque publicado después de las 21.00 de este domingo en cuentas de Twitter, Facebook e Instagram del despacho gubernamental.
Además, la cartera de Estado expresó “su respaldo inquebrantable” a los tres uniformados detenidos por los carabineros chilenos en la madrugada del 8 de septiembre en la comuna de Colchane, acusados de “robar” vehículos.
Sin embargo, los efectivos solo “realizaban operaciones militares de alto riesgo en cumplimiento a la Ley 1053, de Lucha contra el Delito Transnacional de Contrabando, que afecta a la economía de nuestro país, lo cual fue expuesto y debidamente fundamentado por la defensa” de los detenidos en su audiencia, se remarca en el comunicado.
El sábado, el Juzgado de Garantía de Pozo Almonte, en una audiencia virtual, determinó la prisión preventiva de los tres militares bolivianos. El fiscal jefe del Tamarugal, Hardy Torres, solicitó la detención preventiva de los tres procesados bajo el argumento de que son un “peligro” para la sociedad y la seguridad en su país.
Mientras, la defensa de los militares –identificados como el teniente Jaime Herbas, subteniente Níger Ponce y el sargento segundo José Bautista Carvajal– pidió que sus clientes se defiendan bajo arresto domiciliario.
No obstante, la jueza de garantía Daniela Gutiérrez decidió rechazar todas “las peticiones de la defensa” de los imputados porque, según dijo, “se estima que su libertad efectivamente constituye un peligro para la seguridad de la sociedad”.
Por tanto, “en razón de aquello se (da) lugar a lo pedido por la Fiscalía en todas sus partes y se rechaza las peticiones de la defensa”, ratificó Gutiérrez y la Fiscalía de Tarapacá, mediante su cuenta en Twitter, precisó que, además, en la audiencia “se fijó un plazo de investigación de 90 días”.
Entretanto, el Gobierno boliviano, en su comunicado, confirmó que el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Relaciones Exteriores brindarán todo “el apoyo legal y la asistencia consular correspondiente a los tres efectivos y sus familias”.
Por su parte, el canciller boliviano Rogelio Mayta, al ser consultado sobre el tema, no quiso emitir ninguna otra declaración y solo se limitó a decir: “El Ministerio de Defensa ha emitido un comunicado, ese comunicado expresa la posición del Estado; desde Cancillería no tengo nada más que añadir por el momento”.
