El Ministerio de Justicia solicitó un informe a la Cancillería para sustentar la denuncia contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por el bochornoso acto del 24 de septiembre, informó este lunes César Siles, viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales.
“Están los videos, está la misma prensa de la cobertura que hizo; no obstante de ello, hemos pedido, para tener mejor prueba, un informe a la Cancillería; recordemos que las autoridades siempre viajan con protocolo y ceremonia, y de ello nos están dado el informe correspondiente para sustentar la denuncia contra el señor Camacho y quienes resulten responsables (…) de tres grupos (de delitos que hemos identificado)”, dijo Siles en una entrevista con La Razón Radio.
El viernes, los actos protocolares, por los 211 años de la gesta libertaria de Santa Cruz, fueron empañados por bochornosos hechos de violencia, agravio a la wiphala e incluso un impedimento del uso de la palabra al vicepresidente David Choquehuanca (que entonces estaba como presidente en ejercicio) por parte del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho.
Frente a esos hechos, “como ya anunció el ministro (de Justicia Iván Lima), nosotros ya hicimos todo el análisis necesario, no solo como Ministerio de Justicia, sino como Órgano Ejecutivo, y hemos identificado por lo menos tres ilícitos separados por grupos: actos discriminatorios y de racismo, actos de ultraje a los símbolos patrios y actos de impedimento o estorbo del ejercicio de funciones”, detalló.
Agregó que asimismo se está haciendo el análisis de las personas responsables, no solamente de las autoridades de Santa Cruz, sino de otras que han llegado a ser los autores materiales de los hechos.
Estamos siendo “cautos, hasta ahora no se ha presentado todavía la denuncia (porque) estamos investigando uno por uno a las personas que pudieran resultar responsables, estamos viendo los videos, los informes, pero tenemos que presentar la denuncia, es inevitable porque hay delitos graves que se han cometido; (…) no podemos tolerar hechos de racismo, discriminación y ultraje, menos una falta de respeto a nuestras autoridades nacionales”, remarcó.
Ley departamental
La autoridad departamental también consideró que los incidentes del 24 de septiembre están “relacionados” a otros hechos, como la aprobación de una cuestionada ley departamental en la que la Asamblea Legislativa de Santa Cruz se atribuye facultades de designación de algunas autoridades de competencia nacional.
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“No puede (la Asamblea de Santa Cruz) pretender arrogarse una competencia que ya tiene la Asamblea Legislativa Plurinacional. (Entonces se están registrando) un conjunto de hechos que, (según) una evaluación que hemos realizado como Órgano Ejecutivo, no solamente es una afrenta, sino un desafío, no sé, (tal vez) de ir a un posible federalismo, separatismo o algo así que no podemos permitir”, subrayó.
Acotó que ante la aprobación de la cuestionada norma en Santa Cruz, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, presentó inicialmente a la Asamblea Legislativa Departamental una solicitud para que se inhiba de remitir su ley sancionada al gobernador Camacho para su promulgación.
“También ya hemos acudido al Tribunal Constitucional el viernes pidiendo una medida cautelar; (es decir) en tanto se pronuncie, porque tiene siete días para pronunciarse la Asamblea Legislativa Departamental, se dicte una medida cautelar suspendiendo la promulgación (de esa ley) que pretendía hacer el gobernador Camacho”, sostuvo.
Además, según el Viceministro, en última instancia, si es que se prosigue o “si mañana Camacho quiere designar”, por ejemplo, a su propio fiscal departamental, procurador o contralor, “tiene que ser inmediatamente accionado para evitar que se produzca un mal mayor”.
