Chile anunció este miércoles que reforzará la vigilancia en la frontera con Bolivia, por donde cada día ingresan ilegalmente cientos de migrantes, en su mayoría venezolanos.
«Vamos a aumentar el resguardo en la frontera, vamos a aumentar los puntos de control y de observación en la frontera. Para eso estamos trasladando a la frontera, sobre todo al sector de Colchane, un campamento nuevo que va a poder alojar a algo así como 50 efectivos policiales», dijo a la prensa el ministro del Interior, Rodrigo Delgado.
Por Colchane, un pueblo de 1.600 habitantes situado a 3.650 metros sobre el nivel del mar, ingresan cada día cientos de migrantes que cruzan la cordillera de los Andes desde Bolivia y el desierto de Atacama para llegar a ciudades chilenas en busca de una mejor calidad de vida.
«El Ejército también está enviando más efectivos para poder aumentar y duplicar los puntos de control en esa zona», indicó Delgado, quien admitió que el país tiene «una crisis de ingreso clandestino» en el norte.
El ministro del Interior precisó que además de Colchane, la crisis también alcanza a las ciudades mineras de Antofagasta e Iquique. Esta última fue el sábado escenario de una protesta violenta contra migrantes irregulares. Un grupo manifestantes quemó pertenencias de venezolanos que acampaban en la calle desde hace un año.
Tras esta protesta, la ONU expresó su «preocupación por la violencia y xenofobia» hacia inmigrantes en Chile, en tanto el presidente Sebastián Piñera condenó los hechos y prometió que no quedarían impunes.
Los ingresos de personas a Chile por pasos clandestinos sumaron 23.673 hasta julio de 2021, casi 7.000 más que los registrados durante todo el año pasado, según un informe del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM).
El ministro dijo que será abierto un «Centro de Estadía Sanitaria Transitoria modular para poder atender a quienes han cruzado la frontera».
Los migrantes que entren en el centro deberán cumplir cuarentenas preventivas de cinco días por la pandemia.
«Va a haber también centros de acogida en conjunto con la Unicef y también refugios en hostales», añadió Delgado.
La semana pasada, el Delgado advirtió que el gobierno seguirá adelante «con el plan de expulsiones» de migrantes indocumentados y que desalojaría cualquier lugar público que ocupen ilegalmente.
Un día antes de la protesta, la policía había desalojado a centenares de migrantes venezolanos que acampaban desde hacía un año en una plaza de Iquique.
