El movimiento cívico se rearticuló y convocó a una cumbre nacional para el 4 de octubre “por la unidad y defensa de la libertad y la democracia en contra de la dictadura masista”. Se declaró en “emergencia y pie de lucha permanente” y advirtió que no permitirá la aprobación de leyes como de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y de ascensos en las Fuerzas Armadas.
Representaciones cívicas se reunieron este viernes en Potosí y emitieron el pronunciamiento que también advierte que saldrán a defender de la “persecución a líderes cívicos, policías, militares, educación, salud, autoridades electas, resistencias juveniles, juntas vecinales, plataformas y todos quienes defendieron la vida y democracia”, en alusión a la crisis de 2019.
La cumbre será en la ciudad de Santa Cruz. El dirigente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, participó del encuentro y antes de emitirse el pronunciamiento conjunto explicó que la cumbre buscará reunir a todos los opositores al gobierno de Luis Arce para articular un movimiento de resistencia a sus acciones que vayan en contra de la democracia.
Similar articulación se dio en 2019 bajo la denuncia de fraude electoral. El movimiento cívico cruceño lideró las protestas que acabaron, fortalecidas por el motín policial y la “sugerencia” militar de dimisión, en la renuncia del expresidente Evo Morales. El exdirigente cívico potosino Marco Pumari secundó a Camacho, ambos, incluso, fueron candidato a la presidencia.
En el pronunciamiento se advirtió que “no permitirán la aplicación de leyes inconstitucionales”, entre las que mencionaron a la leyes de Emergencia Sanitaria, de ascensos a generales en la Policía, de registro de comercio, y a los proyecto de ley de ascensos en las Fuerzas Armadas, de Derechos Reales y contra la legitimación de ganancias ilícitas.
Según el pronunciamiento, con las leyes se pretende “arrebatar nuestro derecho a la propiedad privada, a la privacidad y a la libertad de expresión.
También llamaron a una “gran marcha” para el 10 de octubre, Día de la Democracia, y decidieron sumarse al paro convocado por los gremiales para el 11 de octubre en rechazo del proyecto de ley de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas.
La cita se dio en momentos en los que la Fiscalía confirmó la convocatoria a Camacho a declarar por el caso golpe de Estado. Por este proceso están en la cárcel la expresidenta Jeanine Áñez, dos de sus exministros y parte de la cúpula militar de ese entonces.
