Marcelo Valdez, abogado de la exdiputada del Movimiento Al Socialismo Lidia Patty, recordó que hace varios meses, junto a su clienta, ya pidieron que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, declare en su misma región por el caso Golpe de Estado.
“Nosotros habíamos manifestado eso desde principio, hace meses hemos pedido con la señora Lidia Patty que él declare en Santa Cruz, nosotros no tenemos nada contra él, nada personal, simplemente queremos saber su verdad, que presente sus descargos, que indique qué estaba haciendo en La Paz en esas fechas de noviembre (de 2019), por qué motivos ingresó al Palacio Quemado, bajo qué autorización y todos esos elementos que son importantes”, dijo.
Camacho, quien en la crisis poselectoral de 2019 lideró las protestas cívicas que derivaron en el derrocamiento de Evo Morales, fue citado por la Fiscalía de La Paz a declarar el próximo 7 de octubre en calidad de investigado.
Luego, Jerjes Justiniano, abogado del Gobernador, adelantó que solicitarán a la Fiscalía que su cliente declare en Santa Cruz; mientras, el ministro de Justicia, Iván Lima, dijo que “si él, por sus obligaciones, quisiera prestar la declaración en Santa Cruz, tiene que hacer (su requerimiento) formalmente por escrito”.
Después “será una decisión de la Fiscalía que está atendiendo el caso la de ir (a Santa Cruz o no); nosotros somos un gobierno respetuoso del debido proceso y esperemos que la Fiscalía y el Órgano Judicial actúen apegados en ese marco, (…) pero ésta es una decisión estrictamente del Ministerio Público que puede ser solicitada por las partes que van a prestar la declaración”, sostuvo Lima.
Entretanto, Valdez, aunque insistió que no tienen nada personal contra el Gobernador y exlíder cívico, también consideró “sí corresponde la aprehensión” de la autoridad departamental.
El caso Golpe de Estado empezó a investigarse a denuncia de la exdiputada Patty por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración.
El 10 de noviembre de 2019, Morales renunció a la presidencia en medio de una serie de protestas cívicas, que denunciaban un presunto fraude electoral, un motín policial e incluso una sugerencia de las Fuerzas Armadas para que dimitiera.
Dos días después, asumió el mando del país la entonces segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Áñez, a través de un cuestionado proceso de transición y ahora está encarcelada de manera preventiva, precisamente, por ese caso.
