Una polémica se armó en torno a la notificación al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien, en calidad de denunciado, fue citado a declarar por el caso Golpe de Estado para el 7 de octubre. Desde el entorno del gobernador cuestionaron el papel del ministro Iván Lima.
Esta semana se conoció que el fiscal del caso, Omar Mejillones, expidió el 30 de septiembre una orden de citación para que el expresidente del Comité pro Santa Cruz declare en la causa abierta por la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty contra Camacho “y otros” por presuntos delitos de sedición, terrorismo y conspiración.
El gobernador deberá presentarse a las 09.00 del 7 de octubre en las oficinas de la Fiscalía Departamental de La Paz. Sin embargo, al conocer su notificación a través de medios de información, el abogado de Camacho, Jerjes Justiniano, adelantó que su equipo jurídico analizará el caso y eventualmente solicitará que se su defendido declare en Santa Cruz.
“No lograrán amedrentarnos. Seguiré trabajando por mi pueblo con el amor de siempre”, escribió en Twitter el gobernador el viernes, cuando supo de la citación.
El sábado, el ministro de Justicia, Iván Lima, cuestionó que el gobernador trate de impedir su notificación. “Hubo una serie de chicanas que me parece que son inapropiadas; no es posible obstaculizar el trabajo de la Justicia”, lamentó en rueda de prensa.
Consideró que al solo publicarse la citación Camacho debió asumir su notificación. “En este caso, ya hubo una notificación (bajo ese principio porque incluso) su abogado ya ha manifestado una postura sobre el caso, tiene conocimiento de la realización del acto; por tanto, ya la notificación estaría practicada en términos procesales (aunque) la entrega formal del acta haya sido obstaculizada el día de ayer”, dijo el ministro.
El secretario de Justicia de la Gobernación de Santa Cruz, Efraín Suárez, salió al paso. Lamento que el ministro de Justicia asuma un papel de vocero del Ministerio Público, lo cual confirma que estamos ante un hecho político y no de justicia. Le recuerdo al señor Lima que se debe dar cumplimento a las formalidades que establece el Código para que la citación sea legalmente entregada”, cuestionó, según cita el diario El Deber.
“Él ya ha manifestado que irá donde se lo convoque, porque sabe que les tiene que contar la verdad”, insistió el funcionario.
La noche del viernes, Suárez contó que un efectivo de la Policía Boliviana intentó cumplir con el procedimiento. “Se ha apersonado al condominio del gobernador Luis Fernando Camacho Vaca para realizar la citación”, admitió.
Sin embargo, el funcionario expresó sus reparos sobre esa diligencia. “No pudo hacerse efectiva toda vez que el gobernador no se encontraba en su domicilio y, segundo, que la citación, en caso de realizarse, iba a hacerse fuera del horario que establece la norma, que es hasta las siete de la noche. Por tanto, hasta el momento no se ha efectivizado la citación”, dijo.
Camacho fue uno de los principales actores de la crisis poselectoral de 2019. Propició entonces movilizaciones y paros en gran parte del país, conminó al presidente Evo Morales a renunciar, sugirió que una decana del Tribunal Supremo de Justicia, María Cristina Díaz, se haga cargo de la sucesión e invocó a la Policía Boliviana y a las Fuerzas Armadas. Además redactó la carta de renuncia de Morales que quiso entregarla en persona, y al no conseguir su propósito, la tarde del 10 de noviembre, plantó la misiva, una tricolor y una Biblia en el hall del Palacio de Gobierno.
Patty la apunta como el principal de los acusados del “golpe de Estado”. Por eso, el caso fue foliado como “Luis Fernando Camacho y otros”, en el que fueron implicados la expresidenta transitoria Jeanine Áñez y los colaboradores de ella Rodrigo Guzmán y Álvaro Coímbra, actualmente bajo detención preventiva.
El viernes, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, anunció que la semana que viene también serán citados el expresidente Jorge Quiroga y el dirigente político y empresario Samuel Doria Medina. Ellos y otros participaron de las reuniones extralegislativas de la Universidad Católica que entre el 10 y 12 de noviembre definieron y argumentaron la sucesión de la entonces senadora de minoría Áñez en sustitución del dimisionario Morales.
