El ministro de Justicia, Iván Lima, a través de una serie de mensajes publicados en la cuenta oficial de la cartera de Estado que dirige, informó este domingo que más de 75 procesos vinculan de manera directa a la expresidenta Jeanine Áñez y que incluso se analiza un tercer caso de investigación sobre el supuesto golpe de Estado de 2019.
En un primer mensaje, Lima remarcó que acerca de los juicios a Añez, lo que importa es la palabra del Tribunal Constitucional Plurinacional y “de comprobarse que hubo una sucesión inconstitucional” en noviembre de 2019, tras la renuncia de Evo Morales, “se habría cometido golpe de Estado y delitos como resoluciones contrarias a la Constitución, las leyes e incumplimiento de deberes”.
Luego “hay que dividir los casos: 1) Cómo llega Añez al poder, 2) Cómo se consolida con el Decreto de la Muerte 4078 y 3) Cómo se perpetran los graves hechos de corrupción en los que los golpistas robaron al país; hay más de 75 procesos que vinculan directamente a Añez”, agregó la autoridad gubernamental.
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En ese sentido, explicó que en el caso Golpe de Estado I, presentado por la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty y por lo que está detenida Áñez desde marzo, también hay denunciados como el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho y su padre José Luis, y otros citados en calidad de testigos, como los expresidentes Jorge Tuto Quiroga y Carlos Mesa (quien ya se presentó en la Fiscalía y se acogió al silencio), además del líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina.
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En cambio, “el caso Golpe de Estado II es diferente. Ahí están imputados Áñez y autoridades policiales y militares; de comprobarse su responsabilidad enfrentan condenas de 12 a 14 años de prisión”, añadió Lima.
Mientras, el caso Golpe de Estado III, que según el Ministro de Justicia, está “todavía en análisis, podría darse contra personas que han conspirado (y) ahí pueden estar los partícipes de los casos anteriores (porque) se enfoca en los días previos a la renuncia del expresidente Evo Morales”.
Aunque “los vinculados con estos hechos, que derivaron en masacres, corrupción y violaciones de DDHH (derechos humanos), distorsionan los procesos con declaraciones políticas en medios de comunicación para buscar impunidad, lo que tienen que hacer es declarar ante las instancias competentes de la justicia”, afirmó.
El 10 de noviembre de 2019, en medio de una serie de protestas cívicas, que denunciaban un presunto fraude electoral, un motín policial y una sugerencia de las Fuerzas Armadas para que dimitiera, Evo Morales renunció a la presidencia de Bolivia. Dos días después, la entonces segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Áñez, asumió el mando del país a través de un cuestionado proceso de transición y ese hecho ahora es investigado, en distintos casos, como un supuesto golpe de Estado.
