El ministro de Justicia, Iván Lima, advirtió al Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) que quien se atribuye los derechos del pueblo comete un delito de orden público, después de que esa organización dio un ultimátum al Gobierno.
“Los bolivianos, cuando hubo elecciones, han elegido a sus representantes; los señores de Conade se representan a sí mismos, son un grupo de personas que no tienen la legitimidad del voto y que deben ser escuchados como todo boliviano por la Asamblea (Legislativa), pero no existe la posibilidad legal ni constitucional de que se atribuyan los derechos del pueblo, contrariamente, quien se atribuye los derechos del pueblo comete un delito de orden público”, dijo.
Luego aclaró que “no es ninguna amenaza, sino una reconducción de decirles que sus pedidos deben ser analizados” por los legisladores que sí han sido elegidos por el pueblo boliviano a través del voto popular.
Esta reacción surge después de que pasado el 1 de octubre, el Conade, mediante un comunicado, dio un ultimátum al Gobierno hasta el lunes para que retire a los policías de la sede de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) y deje el tratamiento del proyecto de la ley contra la legitimación de ganancias ilícitas.
Sin embargo, “toda discusión debe canalizarse, a través del Senado (donde está el tratamiento del cuestionado proyecto de ley); por lo tanto, no es admisible que nadie emita ningún ultimátum porque estaría configurando un delito de orden público que es atribuirse los derechos del pueblo; el llamado del Gobierno y del Senado es que el debate y la discusión se dé a ese nivel (en la Asamblea Legislativa)”, insistió Lima.
