La Defensoría del Pueblo expresa su preocupación por el anuncio de algunos alcaldes y gobernadores de acatar el paro convocado para mañana 11 de octubre, con la suspensión de actividades, lo que se constituiría en una vulneración de los derechos de la población que acude a estas instancias para recibir atención en sus demandas.
La protesta y la libertad de expresión están previstos y protegidos por la Constitución Política del Estado (CPE), derechos que, en tanto no sean impuestos, son propios de la ciudadanía, pero no así de las instituciones públicas, cuyas máximas autoridades ejecutivas, municipales y departamentales son parte del Estado.
“Acatar una medida extrema, como un paro, es incumplir la obligación que tienen como servidores públicos afectando a ese mismo Estado que administran, lo cual es ingresar a una contradicción; por responsabilidad, estas autoridades deben buscar los mecanismos constitucionales y legales para plantear sus demandas y necesidades”, señala parte de la nota de prensa.
Como institución defensora de los derechos humanos, la Defensoría del Pueblo reconoce el ejercicio de la protesta y la movilización, y que la ciudadanía puede manifestarse; no obstante, deben tomar en cuenta que se deben agotar los mecanismos institucionales y legales; en esa línea, exhorta al Estado buscar espacios de diálogo para evitar situaciones de confrontación y a respetar la institucionalidad de la administración pública que esta para servir a la población.
Buscar o priorizar otro tipo de medidas que no se enmarquen en lo legal, como las que anunciaron para este 11 de octubre, no solo refleja la instrumentalización política de las instituciones municipales y departamentales, también atentan contra la institucionalidad de la administración pública promoviendo el incumplimiento de la obligación internacional que señala el deber de garantizar el ejercicio de los derechos humanos.
Durante la jornada de este lunes, la Defensoría del Pueblo reforzará su línea gratuita 800-10-8004 y la disponibilidad de sus 18 oficinas a nivel nacional para atender posibles afectaciones a los derechos de la ciudadanía que acuda a los servicios de los gobiernos municipales y departamentales, instancias contra las que ya existen denuncias registradas en la institución defensorial.
