Los gremiales se dividen. El secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores Gremiales de El Alto, Toño Siñani, confirmó que este jueves y viernes irán al paro exigiendo la abrogación de la Ley 1386, mientras que otra facción se reunió con el Gobierno y descartó sumarse a la medida de presión.
“En La Paz solo habrá movilizaciones por el tema de la feria 16 de Julio y en el resto del país movilizaciones y bloqueos”, advirtió a La Razón en coincidencia con su dirigente máximo, Francisco Figueroa, quien confirmó la medida de presión.
Siñani adelantó que el viernes el sector volverá a reunirse para ver medidas más radicales porque «el gobierno nos está haciendo mucho daño.
Mientras que otros dirigentes del sector se reunieron con autoridades del Gobierno en la Casa Grande del Pueblo en La Paz y descartaron sumarse a las protestas.
“No estamos de acuerdo con esta movilización (…) estamos con la reactivación económica y no vamos a paralizar, más bien hemos avanzado en la Ley de Protección Gremial”, sostuvo una de las dirigentes a Unitel.
Mientras que el dirigente gremial cruceño Edgar Álvarez descartó que cumplan con el paro definido, aunque confirmó que protagonizarán una marcha.
«Haremos un mitin con una movilización a las 08.00 con el transporte y demás organizaciones que quieren sumarse», sostuvo
Sobre la reunión de una facción con el Gobierno, Siñani sostuvo que quienes se reunieron con el Gobierno son afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) y advirtió que la diferencia se la «mide en las calles».
Los gremiales demandan la anulación de la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo. Sumaron esta exigencia tras haber logrado que el Gobierno retire del tratamiento legislativo un proyecto de ley de lucha contra este ilícito.
A este movimiento se sumaron cívicos, políticos de oposición, expresidentes, plataformas ciudadanas y el llamado Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), quienes incluyeron nuevas demandas como la liberación de “presos políticos”.
