El viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox, informó este miércoles que luego de realizar investigaciones para la identificación de los integrantes y financiadores, el Gobierno iniciará el desmantelamiento de las organizaciones Resistencia Juvenil Cochala (RJC) y Unión Juvenil Cruceñista (UJC), a las que calificó de “delincuenciales”.
El funcionario dijo que el desbaratamiento de los estos grupos es obligación del Estado y recomendación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Human Right Watch (HRW), y ahora por la embajada de Estados Unidos en Bolivia.
“Entonces, la embajada de Estados Unidos refuerza, como cualquier Estado, una recomendación que tenemos nosotros, una obligación que tenemos como Estado, para cumplir con esa recomendación (…) que vamos a dar cumplimiento en un plan inmediato de desmantelamiento, de desarticulación, de lo que son las organizaciones parapoliciales y lo que va a hacer estos grupos irregulares —UJC y RJC— que han tenido un rol activo paraestatal en el golpe de Estado” de 2019, dijo Cox en la transmisión digital La Razón Radio.
En los últimos días, la activista de derechos humanos Kathryn Ledebur y el abogado Thomas Becker —ambos ciudadanos estadounidenses— denunciaron que sufren constantes amenazas por parte de determinados grupos irregulares asentados en el país, especialmente la RJC.
Becker acusó a los “cívicos” por las amenazas y en el caso de Ledebur, ésta apuntó a la RJC, que en el informe del GIEI fue identificada como un grupo “parapolicial”.
El viceministro afirmó que el Ministerio de Gobierno realizó trabajos previos de investigación para poder identificar quiénes son parte de la RJC, quién está por detrás, quiénes han coadyuvado en logística, desplazamiento y financiamiento, y quiénes están también con la intención de rearticular “esta dinámica delincuencial y violenta”.
Dijo que hace una semana se estableció que miembros de la RJC participaron como supervisión de algunos puntos de bloqueo en Cochabamba, en el marco del paro convocado por los cívicos en esa región, contra el proyecto de ley sobre legitimación de ganancias ilícitas.
“Hay una situación activa de miembros de la ‘Delincuencia Juvenil Cochala’ que está generando riesgos en contra de víctimas, en contra de personas que han identificado para que las puedan acallar y nosotros tenemos que cumplir con ese propósito” de desmantelarla, apuntó.
En su informe sobre la violencia y violación de derechos humanos en Bolivia el GIEI sugirió al Estado boliviano desarticular los grupos “parapoliciales” que tuvieron activa participación en la persecución y violencia contra funcionarios y movimientos sociales en 2019.
