El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, afirmó este jueves que el Gobierno está dispuesto a que el sector gremial participe de los “ajustes” a la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, aunque ante la presencia de “varias dirigencias” es difícil convocarlos.
“Es complicado convocar a todos, porque unos van a aceptar, como los que ya han aceptado y han ido al diálogo y otros, por más que se les invite, se van a hacer ‘q’illis’” afirmó el viceministro Silva en una entrevista con La Razón Radio.
Aseguró que las medidas de protesta son coordinadas con cívicos regionales, autoridades y políticos opositores al gobierno del presidente Luis Arce.
Además afirmó que los gremiales asumen esa medida de protesta por “amenazas de sus dirigentes”, que los amedrentan con una multa económica o el cierre temporal de sus negocios.
Silva explicó que la ley en cuestión es una estrategia “para combatir a los narcotraficantes, aquellos que se dedican a la trata y tráfico de personas, los que falsifican sellos, billetes y corruptos”.
Por su parte, el dirigente de la Confederación de Gremiales de Bolivia, Toño Siñani, afirmó que solo los dirigentes de algunas federaciones de El Alto están marchando y amenazó con movilizar a sus bases si son agredidos por la Policía.
En la jornada pasada, el Comité Cívico Potosinista confirmó el paro con bloqueos en contra de esa ley, mientras que la dirigencia gremial a la cabeza de Francisco Figueroa descartó ese tipo de acciones, aunque anunció que se realizarán movilizaciones en el eje troncal del país. No descartó un paro de 48 horas en caso de que el Gobierno no abrogue la Ley 1386.
Ante esa medida, la Policía Boliviana aseguró que garantizará la normalidad de las actividades y habilitarán rutas alternas para que la circulación de vehículos no sea perjudicada.
