A punto de llegar la marcha de las víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata a La Paz, su directorio repudió la actuación del Conade, la Iglesia Católica, Comunidad Ciudadana (CC), Creemos y medios de información, y demandaron reunión con el presidente Luis Arce.
A las 14.10 de este sábado, una comisión de la movilización que el martes se inició en Caracollo (Oruro) presentó su pliego de 22 demandas al Gobierno, en el que plantean esencialmente justicia por la veintena de fallecidos durante la represión militar-policial de Sacaba, el 15 de noviembre de 2019, y de Senkata, el 19.
En el primer punto del comunicado de prensa de la columna, el directorio de las Víctimas de las Masacres de Sacaba y Senkata, además de activistas de derechos humanos, repudia al Comité Nacional por la Defensa de la Democracia (Conade), Amparo Carvajal, Creemos, CC y jerarquía de la Iglesia Católica “por el encubrimiento a los autores de la firma del DS 4078”.
Al amparo del decreto aludido, el entonces gobierno de Jeanine Áñez ordenó la represión de las movilizaciones en ambos puntos del país contra la administración gubernamental y en reivindicación del derrocado presidente Evo Morales.
Entonces, los ministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Luis Fernando López, habían justificado represión, que en criterio del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) —que investigó la violencia y la violación de derechos humanos en la crisis poselectoral de 2019— resultaron en masacres, en ejecuciones sumarias y uso excesivo de la fuerza.
Veinte manifestantes murieron en Sacaba y Senkata, todos con impactos de bala. El 17 de agosto, el GIEI presentó su informe y recomendó al Estado Plurinacional la reparación de daños a favor de las víctimas y justicia.
Áñez, encarcelada por el caso Golpe de Estado desde el 13 de marzo, deslindó responsabilidades. Tiene en su contra una proposición acusatoria instalada en la Asamblea Legislativa, que requiere dos tercios de votos para un eventual juicio de responsabilidades, que CC y Creemos no quieren apoyar mientras el Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido oficialista, no desarrolle antes una reforma judicial.
Carvajal, que se atribuye la presidencia de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), cuestionó las investigaciones de los hechos que resultaron en la detención de jefes militares y policiales, por los que abogó y que dijo que en 2019 salieron “a defender al pueblo boliviano”.
Tanto en los sucesos luctuosos de 2019 como luego del informe del GIEI, el clero de la Iglesia Católica no se conmovió con las víctimas, aunque reivindicó la apertura de la parroquia San Francisco de Senkata a las víctimas de entonces. El párroco Gechi Rivelin Pucho fue quien de manera personal se ocupó de los heridos y los fallecidos.
El comunicado de las víctimas informó que en seis puntos del pliego describió la denominada «Alianza de las Víctimas de las Masacres de Senkata y Sacaba por Justicia».
En un tercer punto, recuerdan que pidieron una audiencia al presidente Arce, a quien le reclaman el “cumplimiento de las recomendaciones de informe de la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa y del GIEI, sobre la reparación Integral”.
Exigieron dicha reunión para el lunes, con solo la asistencia de las víctimas marchistas.
Temprano, este sábado, el representante de las víctimas Roberto Jucumari lamentó que la movilización no haya sido atendida ni cubierta por los medios de información, y protesto indignado entre lágrimas. “Señores periodistas, estamos abandonados en la marcha, no hay ni un periodista que nos ayude y nos saque en la prensa; aquí (en La Paz) ahora veo (a muchos) periodistas, pero donde estamos caminando no hemos visto ni a un periodista», reclamó.
