La Fiscalía imputó a los exmiembros del Alto Mando de las Fuerzas Armadas de 2019 en el caso golpe de Estado II, porque sin su “participación y cooperación no habría podido concretarse el hecho antijurídico” de la toma del poder de Jeanine Áñez como parte de un “premeditado plan” y una “ilegal concreción de la investidura e imposición de símbolos patrios a la supuesta presidenta”.
“No permitieron la continuidad legítima en el titular del poder ejecutivo, perpetrando hechos delictivos en clara usurpación de la soberanía popular, de los poderes constituidos legítimamente y la violación de los principios democráticos para consolidar una sucesión presidencial anómala violentando la legitimidad de las instituciones del Estado y la sucesión constitucional, actos propios de autores que proceden conjuntamente con JEANINE AÑEZ CHAVEZ y sin cuya participación y cooperación no habría podido concretarse el hecho antijurídico”, establece parte de la imputación revelada por el portal Erbol.
Los ahora imputados son el exjefe de Estado Mayor Flavio Gustavo Arce; el excomandante del Ejército Pastor Mendieta; el excomandante de la Fuerza Aérea Gonzalo Terceros; y el excomandante de la Armada Palmiro Jarjury. Todos están en la cárcel por el caso golpe de Estado I y ahora la Fiscalía solicitó sean detenidos preventivamente por seis meses.
El abogado defensor Eusebio Vera deslindó responsabilidades de sus defendidos en la toma del poder de Áñez, porque –aseguró- ese proceso se desarrolló en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
“Los comandantes en 2019, en ningún momento se han constituido en la sede de la Asamblea Legislativa Plurinacional”, aseveró y descartó que hayan participado en la instrucción de retirar la medalla y banda presidencial de la bóveda del Banco Central de Bolivia (BCB) para imponerlo a Áñez.
En la imputación del caso golpe de Estado II, según Erbol, se utilizan frases como “investidura irregular”, una “supuesta presidenta”, “ruptura del orden constitucional”, “puesta en escena”, “premeditado plan” y “usurpación de la soberanía popular”.
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La imputación firmada por los fiscales Omar Mejillones y Lupe Zabala es por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la ley. Áñez es la principal acusada en esta causa, activada por la toma de la presidencia del Senado sin cumplir normas ni el reglamento interno, y derivada del caso golpe de Estado I, por los hechos que acabaron con la dimisión del expresidente Evo Morales.
Según las conclusiones expuestas por la Fiscalía, los exmandos militares tuvieron una “participación dolosa” en lo que denominó “el acto final de investidura presidencial irregular».
Para la Fiscalía, la “sugerencia” de dimisión del alto mando militar a Morales tenía un “carácter de imposición”.
El excomandante de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman y todo su Alto Mando “sugirieron” en una conferencia de prensa a Morales dejar la Presidencia del Estado. Morales dimitió poco después, acorralado también por el motín policial y la protesta cívica.
La imputación establece que los exmandos con su accionar “desconocen, omiten y excluyen” el mando de su Capitán General. “La participación dolosa de los imputados es decisiva en el acto final de investidura irregular”.
También se acusó a los exmandos militares de “haber apoyado y colaborado a la exsenadora Añez en su autoproclamación, siendo que no se constituyó sesión de Asamblea Legislativa Plurinacional alguna”.
Terceros es acusado de ordenar el traslado de legisladores afines a Áñez a la sede de Gobierno para “desarrollar la puesta en escena de las supuestas sesiones” en Diputados y Senadores. En ninguna de las dos cámaras hubo en ese noviembre de 2019 quórum para instalar sesiones, pese a ellos Áñez se proclamó presidenta del Senado y luego de Bolivia.
Según la Fiscalía, existía una “sincronía perfecta en el premeditado plan que existía”, puesto que un día antes de la asunción de Añez, 12 de noviembre de 2019, se tramitó el retiro de la medalla presidencial del Banco Central de Bolivia.
La imputación señala que los militares avalaron la “ilegal concreción de la investidura e imposición de símbolos patrios a la supuesta presidenta del Estado Plurinacional Bolivia, sin competencia para hacerlo y fuera de la Asamblea Legislativa”.
