El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, aseguró este martes que el operativo de traslado del líder de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), Yassir Molina, del penal de Cantumarca, en Potosí, al de San Pedro, en Oruro, tenía el objetivo de garantizar y preservar su vida.
“Nos han hablado de que se ha montado un operativo grande, no es así. Nosotros creemos que, si se estaba yendo a la ciudad de Oruro, tenemos que precautelar su integridad (física), qué pasa si yo lo llevo con dos policías para entregarlo con la orden judicial y pasa alguna turba, lo quiere maltratar o algo, la responsabilidad recae sobre nosotros”, explicó en La Razón Radio.
El ingreso de Molina al penal de Oruro se realizó la madrugada del lunes, en medio de un fuerte contingente policial. Un grupo reducido de mujeres se encontraba en las cercanías con pedidos de libertad para el acusado.
Limpias agregó que los antecedentes que se están generando por la presencia de Molina en los centros penitenciarios dan lugar a que se trataría de un privado de libertad con características “de alta peligrosidad”.
“No nos olvidemos que ha sido encontrado con celulares en el penal de San Roque, con un objeto punzocortante artesanal, que también se ha encontrado en su celda; las mismas denuncias se repitieron en Cantumarca. Los mismos privados de libertad han afirmado que Cantumarca es tranquilo, productivo, y no quieren tener este tipo de elementos, por eso la manifestación que realizaron. Esperemos que ese comportamiento vaya a ser cambiado en el centro penitenciario de San Pedro de Oruro”.
El cambio de prisión se debió a un motín de los reclusos de Cantumarca, en Potosí, donde se acusó a Molina de conformar grupos de poder con el fin de extorsionar a la población carcelaria.
En septiembre, los privados de libertad de San Roque, en Chuquisaca, hicieron lo mismo, por lo que el cabecilla del grupo fue llevado a Cantumarca.
La RJC participó en al menos nueve hechos de violencia y hostigamiento, según las investigaciones que desarrolló el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la violencia en la crisis poselectoral de 2019.
Molina y otros integrantes de la Resistencia enfrentan procesos, uno de ellos por destrozos a la infraestructura de la Fiscalía General del Estado cuando protagonizaron una revuelta exigiendo la renuncia del titular, Juan Lanchipa, en octubre del año pasado.
La Embajada de Estados Unidos pidió al Gobierno boliviano el desmantelamiento de grupos como la RJC, a los cuales el informe del GIEI catalogó como paraestatales o parapoliciales, luego de las denuncias de acoso por parte de activistas estadounidenses en derechos humanos.
