La Cámara de Diputados aprobó este viernes el proyecto de ley del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 que es de obligatoria “ejecución y aplicación” por parte de los cuatro poderes del Estado, gobiernos subnacionales y universidades. El Gobierno defiende su contenido y la oposición lo cuestiona por “centralista”.
Este nuevo frente de conflicto surgió en las últimas horas, luego de aprobarse el proyecto de ley que está sustentado en los ejes de estabilidad económica, industrialización, seguridad alimentaria, educación, salud, reforma judicial, medioambiente integración y despatriarcalización. El proyecto pretende articular acciones para el desarrollo.
El artículo 4 establece que es de “ejecución y aplicación obligatoria” por parte de los órganos Ejecutivo; Legislativo; Electoral y Judicial, incluido el Tribunal Constitucional; instituciones de Control y Defensa de la Sociedad y el Estado; entidades territoriales autónomas; y universidades públicas.
El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Alarcón cuestionó el artículo 6 y aseguró que se abre paso “al decretazo para pulverizar la independencia de los órganos del Estado y la autonomía universitaria”.
El artículo 6 determina que los ajustes al plan se harán en función al artículo 32 de la ley del Sistema de Planificación Integral del Estado, aprobado en 2016, y que prevé que “las modificaciones parciales, complementarias o de forma, al PGDES (Plan General de Desarrollo Económico y Social) y PDES (Plan de Desarrollo Económico y Social), se aprobarán mediante Decreto Supremo”.
Desde la oposición se cuestionó falta de socialización. El jefe de bancada de Creemos, Erwin Bazan, calificó de centralista el contenido del proyecto y advirtió de protestas, justamente, por la falta de socialización.
Mientras que el viceministro de Planificación, Carlos Guachalla, descartó que sea un proyecto centralista y aclaró, por ejemplo, que “la gobernación de Santa Cruz va a plantear un plan de desarrollo territorial y los municipios de Santa Cruz van a articularse a ese plan, eso –dijo- no quiere decir que la gobernación cruceña va a determinar en qué va a invertir cada municipio”.
“Este proyecto de ley igualmente va a ser rechazado por diferentes sectores”, afirmó por su lado la diputada de Creemos Paola Aguirre y aseguró que “trastoca las autonomías”.
Gremiales, cívicos, políticos y plataformas crearon un bloque de oposición política-cívica para movilizarse en rechazo a iniciativas como la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas. Los gremiales definieron un paro indefinido desde el 8.
Guachalla insistió en que las “entidades territoriales autónomas van a contribuir a los indicadores que están planteados en este plan”.
Ahora el tratamiento del proyecto de ley está en manos del Senado.
