Durante una sesión realizada el jueves en Ginebra, Suiza, el relator del Comité Contra la Tortura (CAT por sus siglas en inglés), Chairperson Heller, habló de la crisis de 2019 en Bolivia.
Y sus declaraciones, principalmente sobre el polémico Decreto Supremo 4078 y las acusaciones por sedición y terrorismo, generaron una serie de interpretaciones entre los actores políticos y algunos medios de comunicación.
A continuación le presentamos la transcripción de lo que realmente dijo el Relator:
HECHOS DE VIOLENCIA
En el periodo, entre el 20 de octubre y el 25 de noviembre de 2019, tuvieron lugar manifestaciones, actos de violencia y graves violaciones de los derechos humanos en el marco de la crisis política que (se originó) de la celebración de la controvertida elección presidencial, la renuncia y el exilio de Evo Morales, y la formación de un gobierno interino de Jeanine Áñez.
El 15 de noviembre de 2019, Áñez dictó un decreto supremo, 4078, que otorgó facultades discrecionales a las fuerzas militares para recurrir a la fuerza contra los manifestantes en sus labores de mantenimiento del orden público, pero eximiendo a los militares de cualquier responsabilidad penal. En ese periodo se registraron violaciones del derecho a la vida y de la seguridad de las personas.
La Defensoría del Pueblo reportó unas 36 muertes en las manifestaciones, la mayoría por parte de las fuerzas del orden, principalmente en Sacaba, Cochabamba, y Senkata, El Alto.
Fue evidente el uso excesivo de la fuerza y la utilización de letales armas de fuego para dispersar a los manifestantes y al menos 21 víctimas eran partidarias del MAS, partido del Gobierno.
Se agradecerá informar sobre las investigaciones en curso sobre estos hechos y, de ser el caso, las sanciones aplicadas a los responsables de las fuerzas del orden.
¿Se ha contemplado la creación de una comisión independiente que investigue todas las denuncias de tortura relacionadas con las elecciones de 2019?
Destacamos obviamente la labor realizada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, creado por un acuerdo entre el Gobierno y la CIDH para investigar los hechos ocurridos a lo largo de ese periodo.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, más de 1.500 personas fueron privadas de su libertad el 11 de noviembre, siendo liberadas la mayoría sin levantarse cargos.
Y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos documentó el caso de 28 personas arrestadas en El Alto, que fueron sometidas a torturas y otras formas de malos tratos, incluyendo amenazas de muerte, electrocuciones, asfixias con bolsas de plástico, golpes con culatas de armas, privación de alimentos y agua, abusos sexuales y simulaciones de ejecuciones.
Se agradecerá proporcionar datos estadísticos actualizados sobre el número de denuncias de tortura, malos tratos, incluyendo la violencia sexual y el uso excesivo de la fuerza que llevaron incluso a la muerte de manifestantes.
Y se agradecerá informar sobre investigaciones realizadas y los procesos judiciales de las personas implicadas incluyendo sanciones penales o disciplinarias impuestas, precisar si en el caso de militares se excluye la jurisdicción militar.
También se agradecerá informar si se han realizado avances para el establecimiento para el funcionamiento del registro oficial de detenciones para incluir todos los casos de privación de libertad, identidad del detenido, tiempo y circunstancias del arresto, la causa de la detención y el lugar de la custodia.
(En) la actuación de las fuerzas del orden llama la atención su comportamiento errático y partidista de la Policía, en el periodo más violento, que permitieron justamente actos de grupos contrarios al gobierno de Evo Morales. Incluso el jefe de la Policía fue el que sugirió al Presidente, en una declaración pública el 10 de noviembre de 2019, a que presentara su renuncia y se presentó una situación similar en las Fuerzas Armadas. Es decir, los hechos revelan una clara manipulación durante las (disputas) políticas.
Se agradecerá informar si se han tomado medidas específicas para garantizar que la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas se rijan por criterios estrictamente profesionales subordinadas al poder civil, lo que contribuirá a garantizar la estabilidad democrática. ¿Se ha pensado en establecer controles internos y externos para supervisar su actuación?
SEDICIÓN Y TERRORISMO
En el contexto de polarización y confrontación política desde 2019, se ha recurrido a las acusaciones de delitos de sedición y terrorismo de funcionarios gubernamentales, presuntamente cometidos antes y después de la renuncia del expresidente Evo Morales.
Lo que llama mucho la atención es que la persecución judicial ha sido tendenciosa con un carácter político y de que se ha recurrido a estos cargos de sedición, terrorismo y violaciones de sus obligaciones.
El artículo 135 del Código Penal define la conducta de subvertir el orden constitucional como crimen de terrorismo. El artículo 123 concibe la figura de trastornar o turbar de cualquier modo el orden público como sedición. Estos tipos penales resultan vagos y abstractos y no se adecuan al principio de la legalidad.
La instrumentalización política del sistema de justicia vulneró su independencia. La injerencia política se tradujo en procesos abusivos en el uso de imputaciones infundadas o desproporcionadas en detenciones arbitrarias de líderes políticos.
Llama la atención que los mismos cargos, de terrorismo y de sedición, hayan sido levantados en contra de la expresidenta interina Jeanine Áñez una vez que asumió el actual gobierno electo del presidente (Luis) Arce en octubre de 2020.
…y sí, como dije, llama la atención de que la expresidenta interina Jeanine Áñez sea justamente acusada por los mismos delitos que como lo fue su predecesor el presidente (Evo) Morales, a pesar de una definición excesivamente amplia y ambigua, sin que existieran pruebas contundentes de que en ambos casos se hubieran cometido actos susceptibles de ser calificados como terrorismo.
