El alcalde de Potosí, Jhonny Llally, informó este jueves que no participó de la reunión que el martes sostuvo el presidente Luis Arce con nueve alcaldes de capital y que mantiene sus observaciones a la Ley 1407, del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025.
“No estuve presente porque tengo un hermanamiento, me encuentro en (la ciudad de) Cartagena, en Colombia (…). No pude contactarme con mis similares alcaldes. La ley de autonomías nos permite ciertas actividades y muchas de ellas no se van a permitir con la Ley 1407”, dijo la autoridad en contacto con la transmisión digital La Razón Radio.
“No concuaso (sic) porque la (anulación) de las autonomías son peligrosas; no solo para las autonomías municipales, sino para las autonomías universitarias y para cada gobierno departamental”, insistió Llally.
Tras el diálogo con Arce y otras autoridades estatales, como el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, los alcaldes de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, y de La Paz, Iván Arias, admitieron que la mencionada ley no afecta a las autonomías y se avinieron a la instalación de tres mesas de trabajo: reactivación económica, salud y lucha contra el contrabando.
“Es muy importante el nivel de coordinación y la importancia que tenemos que tener a nivel subnacional; hemos escuchado propuestas y el Gobierno ha manifestado toda la predisposición para apoyarlos en conseguir créditos, crédito interno, acompañarlos en la emisión de bonos de aquellos municipios que tengan la capacidad de hacerlo”, dijo entonces Ruiz en una conferencia de prensa.
Ante eso, y pese a su postura en contra de la cuestionada ley, Llally no descartó la posibilidad de buscar diálogo con las autoridades nacionales. “Si la ley no viola (las autonomías), creemos que nosotros tenemos que estar convencidos de todo esto y seguramente nos vamos a unir a ese trabajo que se ha podido realizar conjuntamente mis similares”, sostuvo el alcalde potosino.
En un inicio, la Ley 1407 fue considerada “atentatoria” contra las autonomías por algunas autoridades nacionales y algunas universidades. Incluso, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), de Santa Cruz, y la Tomás Frías, de Potosí, se movilizaron en demanda de la abrogación de esa norma, por lo que autoridades del Gobierno anunciaron su socialización con los sectores que se consideran afectados.
