El procurador Wilfredo Chávez confirmó ayer que Mohammed Mostajo, ‘embajador’ de Ciencia y Tecnología de Jeanine Áñez, y Erick Foronda, secretario privado de ésta, declararán en el juicio civil que Bolivia sigue contra Arturo Murillo en Estados Unidos.
En declaración a radio Cepra de Cochabamba, Chávez informó ayer que Mostajo fue llamado a declarar para el 1 de febrero de 2022, en el marco del juicio civil que el Estado boliviano instauró contra Murillo en julio de 2021.
Otra, y paralela, es la demanda penal que la Fiscalía del estado de Florida sigue contra Murillo y cuatro cómplices acusados de soborno y lavado de dinero. Por esta causa, el exministro de Gobierno declarará el 23 de mayo próximo.
La demanda civil busca la reparación de daños y perjuicios, que se devuelva el dinero que Murillo y cómplices sustrajeron del Estado con la excusa de la compra de gases lacrimógenos. En primer lugar, dijo Chávez, el monto sustraído de 2,3 millones de dólares, de sobreprecio; que “más o menos estamos hablando de 17 millones de bolivianos”.
Juicio
El Estado tiene hasta el 31 de octubre para sustanciar el juicio civil contra Murillo y sus cómplices, su exjefe de gabinete Sergio Rodrigo Méndez y los estadounidenses Luis y Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld.
Mostajo fue citado a declarar en la causa civil contra Murillo por la cercanía que tenía con el ministro. “Está citado en este caso porque él estaba en el núcleo del poder donde se ha decidido la compra de estos elementos químicos, los gases; entre las cuatro o cinco personas que decidían esto”, destacó Chávez.
Por esta misma razón, por ser parte del núcleo de poder, también esta siendo citado Erick Foronda, antiguo empleado de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia, que en cuanto Jeanine Áñez asumió el gobierno, fungió como su “secretario privado”. Para Foronda todavía no hay fecha.
Chávez explicó que para el proceso civil las demandadas además son las empresas Bravo Tactical Solutions (contratada para la provisión de los químicos), y Cóndor, la fabricante. Los demandados presentaron recursos para ser excluidos del proceso, pero la justicia de Estados Unidos rechazó la solicitud de Cóndor y se prevé que ocurra lo mismo en el caso de otras mociones.
Chávez dijo que, con las fianzas pagadas en el caso penal, los bienes que se pongan a disposición judicial, más los $us 800.000 que devolvió una empresa de Santa Cruz, se garantizaría la reparación del daño económico.
El Estado había dispuesto $us 5,6 millones para la compra.
