“¿Por qué hace 41 años ocurre lo que pasó hace dos años? Porque todavía no se han implantado procesos de memoria y justicia”. Pregunta y respuesta corresponden a la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, que reflexionó sobre la incidencia en las masacres en Bolivia.
En el nuevo ciclo de la transmisión digital Piedra, Pale y Tinta, de La Razón, la funcionaria consideró que no hay institución en el país que promueva la memoria de los hechos luctuosos en el país salvo la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional de Bolivia (Asofamd).
“¿Por qué hace 41 años ocurre lo que pasó hace dos años? Porque todavía no se han implantado procesos de memoria y justicia, porque hace 41 años la Asociación de Familiares y algunos grupos muy allegados a los caídos de la calle Harrington son los únicos que promueven la memoria en la población”, dijo Cruz en una conversación con la directora de La Razón, Claudia Benavente.
La conmemoración de la masacre de la calle Harrington, ocurrida en La Paz el 15 de enero de 1981, fue el motivo de la entrevista, precedida antes por un conversatorio con la presidenta de Asofamd, Ruth Llanos, y la activista de la organización Tania Ortiz.
Hace 41 años, durante la dictadura de Luis García Meza, los dirigentes del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) fueron acribillados en una vivienda de la calle Harrington, en La Paz, donde se reunían. Fueron asesinados Jorge Baldivieso, Gonzalo Barrón, Artemio Camargo, Arcil Menacho, José Luis Suárez, Ricardo Navarro, José Reyes y Ramiro Velasco.
Llanos sugirió siempre recordar a los caídos ante fuerzas paramilitares de entonces y se expresó esperanzada por la recuperación de la memoria. «Hay una renovación, de una generación que empieza a tomar las banderas» de la demanda de justicia y la memoria contra las dictaduras, dijo en la transmisión digital de La Razón.
Su compañera Tania Quiroz, también activista de Asofamd, consideró que «hay mucho que investigar» sobre la masacre de la calle Harrington de 1981. «La memoria está latente y nuestra tarea es reproducirla», dijo.
«Si no leemos la historia, la estamos poniendo en riesgo», reflexionó.
A su turno, Cruz cuestionó que a pesar de esa experiencia trágica poco o nada se hizo en el país por frenar las masacres. “El claro ejemplo de que no tuvo efecto suficiente la condena de la masacre de la calle Harrington fue la ocurrida en 2019. Si evaluamos, fueron fuerzas internas del Estado, militares y paramilitares, hace 41 años, y hace un poco más de dos años fueron fuerzas policiales y parapoliciales, luego fueron fuerza conjuntas con militares nuevamente”, dijo.
La defensora hizo referencia a las masacres de Sacaba y Senkata, ocurridas el 15 y 19 de noviembre de 2019 respectivamente y que resultaron en una veintena de fallecidos a bala, en operativos conjuntos entre la Policía y las Fuerzas Armadas al amparo del Decreto Supremo 4078, que eximía de responsabilidades penales a los efectivos en acción.
“A título de seguridad interna y seguridad nacional se ha permitido ir en contra de la población civil que no estaba armada, tenía una línea de pensamiento contestataria hace 41 años y hace dos años también; era un pueblo que tenía que movilizarse, pero que estaba indefenso frente a las fuerzas del orden”, afirmó Cruz.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó la violencia y la violación de derechos humanos en la crisis poselectoral de 2019 que derivó en la renuncia del entonces presidente Evo Morales, consideró que algunas muertes ocurridas en la masacre de Senkata fueron ejecuciones sumarias. Entonces, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, afirmó que los movilizados se mataron entre sí y su colega de Defensa, Luis Fernando López, dijo que las Fuerzas Armadas no dispararon un solo cartucho.
