El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) fiscalizará las modificaciones a las sentencias ejecutoriadas de forma retroactiva y de aquí para adelante. Los jueces de ejecución penal están obligados a remitir esa información a la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (UTLCC) de la máxima instancia judicial de Bolivia.
La decisión fue tomada luego que se conociera que el juez Rafael Alcón concediera detención domiciliaria en 2019 a un sentenciado por feminicidio y violación que ahora es acusado de dos feminicidios y otros delitos cometidos en el tiempo que estuvo libre.
El instructivo 07/2022 fue emitido el viernes y establece que hasta el 4 de febrero los jueces de sentencia deben remitir a la UTLCC “todas las decisiones judiciales que hayan modificado la situación jurídica de las personas que estén cumpliendo sentencia condenatoria ejecutoriada emitidas en las gestiones 2019, 2020 y 2021”.
Para lo venidero, se dispuso en un plazo de 48 horas para el envío de la modificación de sentencia ejecutoriada. El incumplimiento estará sancionado de forma administrativa.
También se determinó que “en el día y bajo responsabilidad administrativa”, los secretarios de los tribunales y juzgados en materia penal están obligados a informar “por escrito al juez” sobre “el incumplimiento de las reglas y condiciones impuestas a todo procesado, del cual se tenga control jurisdiccional, correspondiente a suspensión condicional de la pena, medidas sustitutivas a la detención preventiva, suspensión condicional del proceso, libertad condicional, detención domiciliaria en ejecución de sentencia y otros”.
La Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (UTLCC), a “consecuencia de la información que se recabe, está facultado a iniciar las acciones penales y/o disciplinarias que corresponda”.
Alcón benefició al sentenciado Richard Choque Flores con detención domiciliaria en 2019. Choque Flores ahora es acusado de dos feminicidios, enterró a sus víctimas en su casa.
