El canciller Rogelio Mayta confirmó este jueves que Bolivia responderá a la eventual oficialización de la solicitud de Estados Unidos para la extradición del exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) Maximiliano Dávila sin realizar valoraciones políticas, sino netamente jurídicas.
“La Cancillería no realiza valoraciones políticas, en esta su función de recibir esta documentación, esta solicitud, ve (solo) cuestiones formales y (luego) la transmite a quien va a decidir, que es la instancia judicial, (es decir) el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); esa instancia es la que va a definir sobre la procedencia o no de esa extradición, y obviamente, como su competencia marca, hará básicamente una determinación de orden jurídico”, dijo Mayta en una entrevista con La Razón Radio.
Situación que no ocurre en Estados Unidos cuando se trata de este tipo de trámites porque, según el ministro, a diferencia de lo que pasa en Bolivia, en ese país sus normas o lineamientos son completamente diferentes.
Es así que una solicitud de extradición que llega a ese país, en un primer momento, depende de una decisión política que puede rechazarla.
“Y si esa decisión política se supera, se avanza hasta la Justicia, (donde) un juez federal se pronuncia sobre la procedencia o no de la extradición y la última palabra vuelve a ser política (porque) el secretario del Departamento de Estado, aún en contra de la decisión del juez, puede definir la procedencia o no de la extradición porque su sistema es una determinación política”, remarcó.
En cambio en Bolivia “pasa una situación diferente, acá la Cancillería es básicamente un transmisor (…) de la solicitud (…) y la instancia de definición es jurídica (porque) la definición la toma el TSJ. Para nosotros la solicitud de extradición es un acto que debe ser definido por la Justicia”, insistió.
Antecedentes
Estados Unidos busca juzgar a Dávila –quien actualmente está detenido de manera preventiva en la cárcel de San Pedro de La Paz acusado de legitimación de ganancias ilícitas– por su presunto vínculo con el narcotráfico y para llevarlo a la condena, incluso, ofreció una recompensa de hasta $us 5 millones.
Asimismo, a través de su embajada en La Paz, solicitó a Bolivia la detención preventiva del exjefe antidrogas con fines de extradición en el marco de un tratado suscrito en 1995 y este requerimiento “es un paso previo a formalizar una solicitud de extradición”, recordó Mayta.
Procedimiento
Ahora, una vez presentada esa solicitud de detención preventiva con fines de extradición, lo que corresponde es que la Cancillería revise el cumplimiento de los requisitos formales –como la traducción del documento al español o los datos específicos de la persona solicitada – y no cuestiones de fondo.
De hecho, según el Canciller, ya está en evaluación en su dirección jurídica y será respondido el requerimiento en un tiempo “razonable”, no como Estados Unidos que, después de muchos años, aún no respondió a la solicitud boliviana de extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su exministro Carlos Sánchez Berzaín.
Es así que “una vez de que se haga esa verificación, el Ministerio de Relaciones Exteriores tendrá dos posibilidades, (es decir) hacer observaciones a la Embajada si es que falta algún requisito o remitir (el requerimiento al TSJ) si no hay observación (porque) es la instancia que debe definir si concede o no la detención preventiva con fines de extradición”, explicó.
Si el TSJ acepta la detención preventiva con fines de extradición, se abrirá un plazo de 60 días para que el solicitante, vale decir Estados Unidos, formalice la solicitud de extradición.
“Ahí sí ya tienen que acompañar todos los documentos que sustenten su solicitud y hay un conjunto de elementos que tendrán que remitir, pero eso ya sería un segundo paso”, señaló.
En este segundo paso, al igual que en el primer momento del trámite, el conducto será vía Cancillería y la resolución se tomará en el TSJ.
