Por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución, por su proclamación en noviembre de 2019, la expresidenta Jeanine Áñez se expone a 12 años de cárcel. El inicio del juicio oral por el caso Golpe de Estado II está previsto para hoy.
Luego de la renuncia del expresidente Evo Morales, señalado por presunto fraude en los comicios de octubre 2019, la entonces senadora se proclamó, primero, titular de la Cámara de Senadores y, luego, presidenta del Estado durante actos en la Asamblea Legislativa sin quórum ni asistencia de la bancada de los dos tercios del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Áñez arguyó entonces vacío de poder, con apoyo de fuerzas minoritarias y dirigentes políticos.
“Va a pedir la Fiscalía 12 años al inicio del juicio, según el parámetro del Código Penal, es lo máximo”, adelantó a LA RAZÓN el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles.
En septiembre de 2021, la Procuraduría General del Estado, el Ministerio Público y la Cámara de Senadores iniciaron las investigaciones por el caso Golpe de Estado II y el Ministerio Público presentó la acusación formal contra nueve personas el 29 de noviembre de ese mismo año.
Además de Áñez, están implicados Williams Kaliman; excomandante de las Fuerzas Armadas; Flavio Gustavo Arce, exjefe del Estado Mayor; Pastor Mendieta, excomandante del Ejército; Gonzalo Terceros, excomandante de la Fuerza Aérea; y Palmiro Jarjury, excomandante de la Armada; además del excomandante de la Policía Yuri Calderón.
Para las 09.00 de hoy está previsto el inicio del juicio oral contra Áñez, quien está detenida de manera preventiva desde marzo de 2021. Ayer, la defensa y el entorno de la exmandataria denunciaron 16 presuntas ilegalidades del caso.
“Ampliación de la denuncia por delitos inexistentes a otros supuestos delitos y desdoblamiento a otro proceso contra los principios y garantías constitucionales”, señala uno de los puntos que difundieron en redes sociales.
Aseguran que “el juicio es ilegal por omitir la instancia parlamentaria para definición de los juicios políticos contra expresidentes”.
Además, sostienen que el juicio oral debe realizarse entre 20 a 45 días posteriores a su señalamiento mediante auto de apertura, “por lo que no se cumplió el plazo de la ley, lo adelantaron para obstaculizar la defensa”.
“Hay un juzgamiento definido públicamente porque el Ministerio de Justicia sentenció públicamente la corta duración del juicio y la condena de 12 años”, especifica otra de las observaciones.
“Hemos invitado a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; estará presente, como cualquier otro observador que lo haga, la prensa, no se le está negando ningún derecho. El juicio es abierto”, afirmó Siles a este medio.
A fines de agosto de 2021, la defensa de Áñez solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares (de protección) con el alegato de que su vida e integridad estaban siendo amenazadas y que no se le estaría dando un tratamiento médico adecuado.
El 7 de octubre, la CIDH, con base en “información aportada por ambas partes”, rechazó la solicitud e instó al Estado a que “continúe garantizando las condiciones dignas de detención”.
En abril de 2021, la representante del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Yulia Babuzhina, visitó a la expresidenta en la cárcel de Miraflores, en La Paz. Y en agosto volvió a reunirse con Áñez para verificar su estado de salud.
El martes, 21 exjefes de Estado pidieron al relator para la Independencia de Jueces y Abogados de las Naciones Unidas (ONU), el peruano Diego García-Sayán, visitar a la exmandataria e informar “sobre los abusos de poder”.
Áñez había sido detenida por otros delitos el 13 de marzo de 2021, conspiración, terrorismo y sedición, a instancias de la exdiputada del MAS Lidia Patty. Con el actual gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho señalado en primera línea, el caso se llamó Golpe de Estado I. “Sigue en investigación este caso y las penas no se sumarán porque son procesos distintos”, sostuvo Siles.
El Código Penal dicta que por resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes se establece privación de libertad de cinco a 10 años y por incumplimiento de deberes, entre uno y cuatro años.
