El Gobierno sostuvo este domingo que la expresidenta transitoria Jeanine Áñez violó al menos nueve artículos de la Constitución Política del Estado (CPE) y reglamentos de la Asamblea Legislativa para asumir la presidencia en 2019. El jueves, la apertura del juicio oral en contra de la exmandataria y otros involucrados por el caso Golpe de Estado II quedó suspendida.
“La señora Áñez y mucha de la gente que la acompañó en aquel momento, estamos hablando de los coprocesados, han violentado la menos nueve artículos de la Constitución, es la inobservancia a los artículos centrales de la Constitución, por ejemplo el arrogarse la soberanía del pueblo en su persona para tomar el mando, el hacer interpretaciones de la Constitución, de los reglamentos de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados para que todo aquello pueda proclamarse en la Asamblea Legislativa ya como Presidenta del Estado”, explicó el portavoz gubernamental Jorge Richter al canal estatal Bolivia Tv.
El juicio contra Áñez por el caso Golpe de Estado II fue considerado por Richter como “histórico para los bolivianos” en la búsqueda de justicia y conocer el por qué de la comisión de ilícitos que derivaron en la muerte de 37 bolivianos, 800 heridos y ciudadanos encarcelados sin el debido proceso.
La apertura del juicio oral en contra de Áñez y otros involucrados por el caso Golpe de Estado II quedó el jueves sin fecha debido a que el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz dejó sin efecto el auto de inicio de ese proceso.
La audiencia de apertura estaba prevista para las 09.00; sin embargo, unos 15 minutos después se abrió un proceso de consideraciones previas en el que algunas partes de los involucrados solicitaron de manera insistente que la audiencia sea presencial y no virtual.
Seg{un Richter, Áñez tuvo un esquema, un formato, para poder tomar el control del Estado en noviembre de 2019.
“Lo primero es que debía ella poder convertirse en Presidenta de la Cámara de Senadores, ese era el objetivo primero; el segundo objetivo, es que esa Presidencia de la Cámara de Senadores le iba a permitir dirigir la Asamblea Legislativa, es decir, ser Vicepresidenta (del Estado) en funciones para que puedan activar la figura del ipso facto que señala y que dice que ante la renuncia del Presidente de manera inmediata, sin necesidad de ley congresal, la Presidencia pasa al Vicepresidente del Estado”, apuntó.
“En la Constitución se encuentran los factores reales de poder que se transforman en derecho, en instituciones, que generan equilibrios, que evitan que una persona pueda arrogarse el mando del Estado de forma unilateral”, acotó el vocero.
La exmandataria guarda detención preventiva en el penal de Miraflores de La Paz desde marzo de 2021 y debe encarar al menos dos procesos por los casos Golpe de Estado I y II. El 9 de febrero se declaró en huelga de hambre.
