Luis Guillén, uno de los abogados de Jeanine Áñez, consideró este martes que hay injerencia del Ministerio de Justicia en el caso Golpe de Estado II, después de que el lunes el viceministro de Justicia, César Siles, reveló que otros dos exjefes militares han expresado su predisposición de someterse a juicio abreviado.
“César Siles, viceministro dependiente del Ministerio de Justicia, no es parte de ninguno de los dos procesos, (es decir) ni de terrorismo (Golpe de Estado I) ni de resoluciones contrarias a la Constitución (Golpe de Estado II); entonces, realmente llama la atención cómo un viceministerio tiene información privilegiada, o sea ¿qué es lo que hacen?, ¿coordinan con el Ministerio Público?, ¿coordinan con los jueces?, ¿instruyen?, ¿por qué tienen información si no son parte del proceso?”, cuestionó Guillén en una entrevista con La Razón Radio.
Además, consideró que “eso realmente muestra” el motivo de la llegada de Diego García-Sayán, relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, a Bolivia para evaluar, precisamente, la cuestionada independencia judicial en el país.
Aunque en Bolivia “la población se ha acostumbrado y ya lo ve normal (esta situación); imagínese usted que en su proceso de divorcio (un ministerio) empiece a comunicar y a decir al juez lo que tiene que hacer, (entonces) usted dirá por qué está teniendo esta injerencia ese ministro y es exactamente lo mismo lo que está pasando en este momento (en el caso Golpe de Estado II) con el anuncio que se dio a conocer”, señaló el abogado.
Flavio Gustavo Arce San Martín y Jorge Pastor Mendieta Ferrufino, exjefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, y excomandante del Ejército, respectivamente, son quienes también estarían predispuestos a someterse a un proceso abreviado, al igual que Gonzalo Terceros, excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), y Palmiro Jarjuri, excomandante de la Armada, respectivamente.
Aunque el viceministro Siles precisó, en una entrevista con La Razón Radio, que uno de ellos se ha ofrecido a ser parte de la iniciativa jurídica de colaboración eficaz. Pero “entiendo que hay una intención de beneficiarse del procedimiento abreviado”, agregó.
Mientras al abogado de Áñez, quien es la principal acusada por el caso Golpe de Estado II, también le llama “enormemente la atención” que “ni siquiera estas solicitudes o estas informaciones que se están dando a conocer se encuentren subidas en el sistema o en el portafolio digital que maneja el Ministerio Público”.
Lo que quiere “decir que esta información es negada a las partes y la estaría manejando una persona ajena al proceso, en este caso el Ministerio de Justicia o el Viceministerio de Justicia”, remarcó el jurista.
Entretanto, Siles afirmó que el “procedimiento abreviado significa aceptación de culpa y responsabilidad, consecuentemente (se trata de) una prueba importante”. Y con esto, “el juicio contra la señora Áñez se va a allanar, va a ser un poco más rápido y poco más sencillo de probar”, añadió la autoridad.
Pero “lo primero que se debe considerar es que todas estas personas tienen que acudir de forma libre o voluntaria (a ese proceso) porque (de lo contrario) no existiría un reconocimiento real de culpabilidad”, respondió el abogado.
Los investigados en el caso Golpe de Estado II fueron imputados por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes por la cuestionada proclamación de Áñez en la crisis de 2019 tras la renuncia de Evo Morales a la presidencia.
