El gobierno de Luis Arce da por “vinculante y de cumplimiento obligatorio” la decisión de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) de rechazar la demanda por genocidio planteada contra el expresidente Evo Morales en la administración de Jeanine Áñez.
El fiscal de la CPI Karim A. A. Khan QC aseguró que la denuncia contra Morales y los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, y el dirigente cocalero y actual senador por el MAS, Leonardo Loza, “no presenta elementos contextuales constitutivos de crímenes de lesa humanidad”.
A través del Ministerio de Justicia, el Gobierno fijó su posición sobre la decisión fiscal del máximo tribunal internacional.
“El Gobierno nacional recibe bajo esos términos y acoge como vinculante y de cumplimiento obligatorio la decisión del fiscal de la CPI, Karim A. A. Khan QC, quien determinó con la autoridad que le otorga el Estatuto de Roma, que “no existe fundamento suficiente” para procesar en ese alto tribunal al expresidente constitucional de Bolivia, Evo Morales Ayma”, se afirma en el comunicado.
Según la revisión fiscal de la demanda, “la información disponible no constituye fundamento suficiente para creer que los presuntos actos de los organizadores de los bloqueos y quienes participaron en ellos, aun cuando éstos hubieran sido establecidos, constituirían una campaña dirigida contra la población civil de Bolivia”.
La denuncia describía que el bloqueo de sectores sociales en demanda de que se fije fecha de las elecciones generales de 2020 impidió la llegada de oxígeno medicinal, en medio de la pandemia por el COVID-19, a hospitales y con ello la muerte de quienes lo requerían.
“De conformidad con mi mandato, mi función no consiste en emitir un juicio sobre el contexto político en el que tuvieron lugar los presuntos incidentes, sino determinar, a través de una evaluación independiente, imparcial y objetiva, si estos constituyen crímenes contemplados en el Estatuto de Roma”, afirmó el fiscal internacional.
El Ministerio de Justicia ratificó que “´la fiscalía de la CPI ha determinado que ‘la presunta conducta’ atribuida al exmandatario ‘no presenta elementos contextuales constitutivos de crímenes de lesa humanidad’ por los bloqueos protagonizados por la población como actos de resistencia y protesta en contra del gobierno de facto”.
