El expresidente Evo Morales recibió este jueves el respaldo de 36 de sus exministros, que firmaron un pronunciamiento público para expresar su “indignación frente a los ataques de los que es víctima” el exjefe del Estado.
“Esta campaña busca desprestigiar la imagen de Evo relacionándolo de manera malintencionada con actividades ilegales de narcotráfico en las que han incurrido algunos exjefes y funcionarios policiales”, afirman.
Las exautoridades enfatizan que Morales, durante los 14 años de su gobierno, “jamás fue acusado por organismos competentes de tales delitos como tampoco el exvicepresidente Álvaro García Linera, ni sus ministros más importantes: Luis Arce y David Choquehuanca”, que ahora son los mandatarios del país.
Asimismo, “ninguno de nosotros exministros y exministras nunca fuimos acusados ni remotamente por este tipo de delitos como sí lo fueron varios exministros de diversos gobiernos civiles y militares anteriores al nuestro”, aseguran.
En ese sentido, los exministros consideran que Morales es víctima de “infundadas acusaciones” por parte de quienes, en su criterio, “no tienen la menor autoridad moral para formularlas”.
Por tanto, “declaramos enfáticamente que ni Evo Morales, ni Álvaro García, ni Luis Arce, ni David Choquehuanca, ni ninguno de nosotros y nosotras tuvo jamás relación con este tipo de delitos y que tales acusaciones no son otra cosa que una gran infamia”, sostienen.
Entre los 36 firmantes del documento se encuentran Amanda Dávila, Carlos Romero, Javier Zavaleta, Cesar Navarro, José Pimentel, Wilma Alanoca, Celima Torrico,
Hugo Moldiz, Gabriela Montaño, Teresa Morales, Susana Rivero, Alfredo Rada, Sacha Llorenti, Ariana Campero, Iván Canelas y Nardy Suxo.
Este pronunciamiento surge después de que Morales fue nuevamente centro de una serie de cuestionamientos a partir de una investigación internacional –realizada por la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés)– que vincula, entre otros, a Maximiliano Dávila –quien fue jefe antidrogas de Bolivia durante la última etapa del gobierno de ese exmandatario– con la ilícita actividad del narcotráfico.
De hecho Estados Unidos, a través de su embajada en La Paz, ya solicitó a Bolivia la detención preventiva del exjefe antidrogas con fines de extradición.
Mientras Dávila permanece detenido de manera preventiva en la cárcel de San Pedro de la ciudad de La Paz acusado por el delito de legitimación de ganancias ilícitas después de que fue detenido el 22 de enero en Villazón, departamento de Potosí, en el momento que pretendía cruzar la frontera hacia Argentina tras ser involucrado en la investigación de la DEA.
El 25 de enero, antes de ser ingresado al penal de San Pedro, Dávila se declaró inocente y acusó al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, de querer “incriminar” al expresidente Morales con este proceso judicial.
Un día después, Del Castillo identificó al exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) como el presunto protector de una red de narcotraficantes liderada por el antiguo capo del tráfico de sustancias controladas, Jorge Roca Suárez, conocido como “Techo ‘e Paja”.
