Diego García-Sayán, relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, afirmó este martes que no se entrevistó con nadie que haya sustentado una presunta persecución política en Bolivia.
“Se ha hablado de persecución política, (no obstante) yo no he tenido entrevista con ninguna persona que me haya manifestado hechos que sustenten una persecución política; si hay otras situaciones que yo no he conocido, podría ser, pero en este caso yo no puedo responder con conocimiento de causa en el sentido afirmativo a la pregunta que usted me ha hecho” sobre este tema, dijo García-Sayán ante la consulta de un periodista.
Sin embargo, durante su visita a Bolivia para analizar la independencia judicial, García-Sayán se reunió con varios actores políticos de la oposición que alegan la existencia de una supuesta persecución política en el país, entre ellos, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; el líder de Comunidad Ciudadana (CC) y expresidente, Carlos Mesa; la defensa de la expresidenta Jeanine Áñez e incluso la hija de ésta, Carolina Ribera.
De hecho, Áñez, en sus mensajes que suele escribir desde su encierro en el penal de Miraflores, generalmente se identifica como “expresidenta constitucional” y “presa política”.
Es así que, por ejemplo, el lunes la exmandataria insistió que es “inocente y presa política desde hace 11 meses”.
La exautoridad está detenida de manera preventiva desde marzo de 2021 por su cuestionada proclamación como Jefa del Estado en la crisis de 2019, tras la renuncia de Evo Morales a la presidencia, y su defensa solicitó al Relator de la ONU visitarla en el penal de Miraflores.
Pero García-Sayán aseguró que no visitó a la exmandataria en la cárcel porque su función no es visitar a personas privadas de libertad.
Aunque el funcionario también destacó “que el Estado, frente a cualquier persona privada de libertad, es el responsable de la integridad física y de la salud de las personas que están en esa condición y que, por supuesto, en todos los casos, incluido el de Jeanine Áñez, (…) tiene que ser respetando todas las garantías procesales y las normas del debido proceso”.
Mientras Camacho, tras su reunión con el Relator, informó que le expuso sobre el estado actual de la democracia en Bolivia en el que, según su criterio, queda claro que la independencia de poderes hoy es inexistente, que la justicia está sometida al partido político de turno y que la violación a los derechos humanos se ha convertido en una práctica habitual.
Pues, “desde el 2006, el masismo implementó una serie de medidas que fueron tejiendo un sistema judicial que hoy en día somete a todo aquel que piensa distinto. Un sistema que actúa políticamente robándole el derecho a la legítima defensa y el debido proceso a aquellos que no comulgan con el partido de gobierno y dándole privilegios e impunidad a los que están dispuestos a pasarse a filas azules”, agregó el Gobernador cruceño.
