Pagó $us 25.000 para lograr su libertad, pese a una sentencia de 25 años de cárcel sin derecho a indulto por la violación de 150 mujeres en una colonia menonita en Santa Cruz. Así lo confesó el recapturado Abraham Peters Dick, quien logró su libertad en 2018 gracias a una red delictiva en el que están su abogado, un juez y un sociólogo, según la investigación.
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que el condenado confesó el monto que entregó a su abogado, Juan Carlos Z., para que tramite su libertad de forma irregular arguyendo que tiene problemas con las drogas.
“Este dinero fue entregado a su abogado, quien tuvo el contacto con el director del hospital El Bajío de drogodependientes, donde supuestamente tendría que cumplir parte de su condena hasta que se rehabilite, sin embargo, este sujeto jamás pisó ese lugar; con el juez (Manuel Baptista) que utilizó chicanerías para liberarlo”, detalló.
Baptista, junto al abogado y un sociólogo, fueron aprehendidos y el lunes comparecieron en una audiencia cautelar. El juez Primo Flores otorgó a su colega Baptista detención domiciliaria con derecho al trabajo, al igual que a los dos acusados.
Del Castillo informó que el Ministerio de Gobierno se sumará a la demanda contra el juez Flores por haber favorecido a su colega.
Peters Dick fue sentenciado en 2011 por la violación a 150 mujeres de su comunidad. En 2009 se descubrió el hecho.
Estos casos son resultado de una investigación de fallos de jueces de ejecución penal. Los exjueces Rafael Alcón y Abraham Aguirre también facilitaron la libertad de sentenciados, al igual que la juez Vidalia Morales.
También fue aprehendido el juez Hernán Quelali por liberar a una mujer sentenciada por asesinato.
