El abogado constitucionalista Israel Quino recordó este miércoles que no es nuevo el requisito de no haber participado o estar involucrado en actos de gobierno de facto para los candidatos a Defensor del Pueblo.
Sin embargo, a diferencia del anterior proceso de selección y designación del funcionario, ahora se le añadió “no haber participado o estar involucrados en actos de gobiernos militares o de facto, ni en la ruptura del orden constitucional”.
Antes eran 13 los requisitos de habilitación y, ahora, según el documento que aprobó la mayoría del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Comisión Mixta (conformada por senadores y diputados), son 18.
Para este miércoles está prevista la sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa y en agenda está inscrita la “consideración del proyecto de resolución que aprueba el reglamento y la convocatoria para la selección y designación de la Defensora o Defensor del Pueblo”.
El martes, la alianza Creemos optó por enviar a la presidencia de la Asamblea Legislativa unas “observaciones al proyecto de reglamento para la preselección del Defensor del Pueblo”, un total de seis artículos de la regulación aprobada.
Dicha alianza percibe pertinente revisar el punto 15 del reglamento: “Eliminar de la convocatoria la figura de ‘ruptura del orden constitucional’, porque busca la implantación de una falsa narrativa de un supuesto ‘golpe de Estado’”, destaca la carta de seis páginas firmada por los senadores Centa Rek y Henry Montero.
La actual administración de Luis Arce y el MAS califican de golpe de Estado lo ocurrido en noviembre de 2019, que dio lugar al gobierno de Jeanine Áñez, ahora encarcelada y acusada en los casos Golpe de Estado I y II.
Creemos también pide que se establezca una normativa supletoria para resolver las impugnaciones a los candidatos; incluir “las figuras de violencia y acoso político contra las mujeres como causal de inelegibilidad”; y que “se aclaren las contradicciones respecto a hablar por lo menos dos idiomas oficiales del país”.
Asimismo, cuando en el proyecto de reglamento se da el plazo de un día para que el postulante se presente a la entrevista y evaluación oral, dicho plazo se amplíe a dos días, pensando en los postulantes residentes en otras regiones.
Comunidad Ciudadana (CC) propuso una norma que cambia la Ley del Defensor en dos puntos: aplicar los dos tercios en la fase de calificación de los postulantes e incorporar una veeduría social al proceso.
Para el diputado oficialista Juan José Jáuregui, miembro de la Comisión Mixta, que está confirmada por cuatro legisladores de oposición y nueve oficialistas, la propuesta está fuera de tiempo.
Quino señaló que de no haber un consenso, la titularidad de la Defensoría del Pueblo seguirá a cargo de una interina, por lo que el MAS está obligado a buscar pactos ya que no cuenta con los dos tercios. «Ser oposición no significa oponerse a todo lo que diga el oficialismo, ambos tienen que generar procesos de complementariedad democrática», afirmó abogado constitucionalista.
