El Consejo de la Magistratura destituyó a 11 jueces de ejecución penal y envió a siete a procesos administrativos, como resultado del proceso de intervención a juzgados luego de conocerse de la libertad otorgada a condenados a 30 años de cárcel sin derecho a indulto por delitos como feminicidio, violación y asesinato.
También fueron detectados 76 procesos penales con irregularidades y denunciados ante la Fiscalía, además de 266 casos de responsabilidad administrativa. Ese es parte del balance presentado este jueves por el presidente de la Magistratura, Marvin Molina, a la conclusión del proceso de fiscalización a los juzgados de ejecución penal.
Entre los jueces alejados de sus cargos y encarcelados están Rafael Alcón, Abraham Aguirre y Vidalia Morales. Fueron acusados de liberar de forma irregular a personas sentenciadas por delitos como asesinato y violación, entre ellos al violador serial Richard Choque. En la red delictiva operaban abogados y médicos.
“Esperemos que en el futuro este tipo de actos no vuelvan ser cometidos por autoridades jurisdiccionales”, sostuvo Molina.
Mientras que el fiscal general, Juan Lanchipa, informó que las investigaciones permitieron identificar a las autoridades judiciales que estuvieron comprometidas, apartándose de la ley y la norma, en liberar a autores de feminicidios, violación, asesinos y otros delitos.
“Nosotros como Ministerio Público, luego de recibir la denuncia del Consejo de la Magistratura, hemos actuado con forme a ley para someter a investigación penal a todas estas autoridades judiciales”, aseguró y destacó que se ha recapturado a varios condenados beneficiados por la red de corrupción.
