El ministro de Justicia, Iván Lima, consideró este viernes que fue un “acto de grandeza” la renuncia del expresidente Evo Morales a la posibilidad de que lo indemnicen por su inhabilitación para ser candidato a senador en las elecciones de 2020 y dio por cerrado el debate.
“Él, en un acto de grandeza, ha renunciado a la posibilidad de que le resarzan el daño económico que se le ha producido, que siempre se cuantifica en dinero, porque me parece que su objetivo, lo ha dicho claramente, era el de fortalecer la democracia; la democracia está fortalecida y, por lo tanto, éste es un tema cerrado para el gobierno nacional”, dijo Lima.
En ese sentido, también afirmó que este debate, sobre si Morales debía o no ser candidato a senador, ha concluido con un “mandato claro” del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de que “en Bolivia todos tienen derecho a participar en las elecciones en las condiciones que fija la Constitución”.
El jueves se conoció que el TCP dispuso una indemnización económica a favor del expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) por su inhabilitación como candidato a senador por Cochabamba.
La Sentencia Constitucional 0087/2021, emitida el 7 de mayo de 2021 y conocida recién de manera pública, está firmada por los magistrados René Espada y Gonzalo Hurtado, y concede “la tutela impetrada disponiendo la nulidad de la Resolución Jurisdiccional 010/2020 de 20 febrero, dictada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), con la reparación integral a los derechos conculcados de Juan Evo Morales Ayma”.
“A cuyo efecto, se dispone —según el documento— la calificación del daño y consecuente indemnización económica a favor del ciudadano Juan Evo Morales Ayma”.
Sin embargo, horas después y través de sus redes sociales, Morales aseguró que nunca pidió indemnización por la “inhabilitación política ilegal e inconstitucional” a su candidatura.
“Estamos sorprendidos de que el TCP recién publique una sentencia que siempre supimos debía ratificar nuestro derecho a postularnos. (Pero) iniciaremos todas las acciones legales para saber quién dio la orden para inhabilitarnos. Por memoria, verdad y justicia, el pueblo tiene derecho a saber la verdad. No tenemos la intención de cobrar la indemnización. Nuestra demanda fue por justicia y no por plata”, añadió Morales.
El exmandatario remarcó que, aunque tardía, la sentencia del TCP muestra que el TSE y un tribunal de garantías constitucionales “actuaron políticamente y atentaron contra el derecho del pueblo a elegir libremente”.
Entonces, “en nuestro país ha quedado claro que el derecho político a participar en elecciones es un derecho fundamental, esencial y que debe ser garantizado. Lo que ha hecho el TSE en el gobierno de facto de la señora Jeanine Áñez es inconstitucional, está reñido con nuestra Constitución, (pero) ya no se volverá a dar este abuso. El Tribunal Constitucional ha dejado sellado que el derecho que debe regir en el país es el derecho de los bolivianos a participar en elecciones y éste no debe ser restringido”, insistió Lima.
