La Gobernación de Santa Cruz consideró este miércoles que solo fue un “error administrativo” la publicación y retiro del polémico decreto 373, en el que el gobernador Luis Fernando Camacho nombraba a un secretario como su reemplazante durante su viaje a Brasil en presunto desmedro del Estatuto cruceño y el vicegobernador Mario Aguilera (el sucesor legal).
Por ese hecho el Movimiento Al Socialismo (MAS) presentó una denuncia ante la Fiscalía, instancia que de inmediato emitió una serie de citaciones para que varios funcionarios declaren e incluso la pasada jornada procedió, en coordinación con la Policía, al allanamiento de las oficinas de la administración departamental.
“Nuestra institución sufrió una abusiva incursión policial comandada por el Ministerio Público por más de cinco horas, donde de forma exagerada se ingresó a la Gobernación y se llegó a intimidar a nuestros funcionarios”, dijo Alejandra Serrate, asesora de Gestión de la Gobernación, en conferencia de prensa.
Serrate lamentó “muchísimo que el Ministerio Público no actúe de la misma manera con casos de corrupción, donde se ven involucrados actores del partido en función de gobierno”.
Es así que “esta acción desproporcionada se realizó ante un error administrativo en una publicación en la Gaceta, el mismo que fue reconocido por la Gobernación y subsanada de manera inmediata”, afirmó.
Además, consideró que este allanamiento es la mayor evidencia de la vulneración al principio de igualdad ante la ley porque, según insistió, el caso que se investiga solo “se debe a un error administrativo”.
“En tanto que (por ejemplo) en la Gobernación de Potosí (por el caso de la compra de ambulancias) existen graves indicios de corrupción y cuya afectación final se da en contra de la salud de la población y correspondería un firme pronunciamiento de nuestras autoridades”, agregó.
En cambio en la Gobernación de Santa Cruz, en su criterio, “no se han generado daños al Estado, tampoco se ha producido una usurpación de poderes, es decir, el mencionado decreto nunca llegó a estar en vigencia”.
“Nosotros, reconocimos el error, lo subsanamos de manera inmediata y aun así el masismo insiste en una arremetida contra la Gobernación de Santa Cruz”, reiteró.
Camacho, a su retorno de Brasil el pasado sábado, afirmó que “la desinformación del MAS y de sus aliados Demócratas han generado una serie de situaciones que son erradas”.
También aseguró que “no se cortó ninguna competencia” al Vicegobernador y, a tiempo de admitir la existencia del polémico decreto, anunció que abrió un proceso para determinar quién lo publicó en la Gaceta Oficial Departamental.
Pero “a quien va a iniciar el proceso si es él quien firmó el decreto; o sea, es un mitómano, mentiroso y cínico. Del error que ha cometido, quiere hacer responsable a un funcionario subalterno”, respondió en La Razón Radio el asambleísta departamental del MAS, Clemente Ramos, quien es uno de los denunciantes del caso.
Ramos consideró que Camacho cometió los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes y manipulación informática.
Entretanto, Serrate dijo que el Gobernador aún no fue citado. Pero cuando sea convocado, “por supuesto que él siempre va a actuar conforme a ley, no tiene por qué esconderse, no ha cometido ningún delito”, puntualizó.
