El exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Paulo Abrão recomendó este viernes no esperar una reforma judicial para investigar los hechos durante la crisis de 2019 y priorizar el resarcimiento a las víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata.
“Las primeras medidas involucran la atención a las víctimas”, afirmó el diplomático en entrevista con La Razón Radio.
Sostuvo que ante la firma de convenio con la misión de la CIDH para hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el Estado debe priorizar la atención a las víctimas —con indemnizaciones— y “reparación en materia de justicia”.
Consultado sobre la condicionante de algunos actores políticos de la oposición, como Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, que plantean una reforma judicial antes de aprobar en la Asamblea Legislativa un posible juicio de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Áñez, dijo estar en desacuerdo.
“Es un inequívoco primero realizar las reformas de la justicia para luego proceder a las debidas investigaciones, el derecho a la justicia de las víctimas, ese debería ser el criterio fundamental”, remarcó Abrão.
Instó a la sociedad boliviana a seguir esa ruta que sugiere. “Sabemos que las reformas de justica requieren concertación nacional con discusión de propuestas, implican reformas estructurales y depende de los poderes Judicial y Legislativo, son procesos demorados y su propia implementación de dependen de reformas legales y presupuesto”, afirmó.
En su criterio, la reforma judicial es una “agenda más larga que debe implementarse con calma y viendo el contexto de Bolivia porque requiere mucha atención y cuidado”. “Se tiene que priorizar la reposición a las víctimas porque fueron proyectos de vida interrumpidos, se debe acelerar”, enfatizó.
Por otra parte, respecto a la coordinación del Estado con la misión de la CIDH para hacer seguimiento a las recomendaciones del GIEI, dijo que Bolivia envía “mensajes muy fuertes a la comunidad internacional de que está abierta al escrutinio”; además, demuestra una voluntad de cumplimiento.
“Se trata de acuerdos, de cooperación a técnicas que no son obligatorias, si aceptó es porque tiene una disposición efectiva de implementarse y también representa un compromiso con la sociedad civil, gran parte de las recomendaciones, son reivindicaciones históricas de la lucha social de Bolivia”, sostuvo Abrão.
En entrevista con La Razón, el miércoles, el comisionado Joel Hernández detalló que visitarán otras regiones del país durante sus tres visitas a Bolivia y que se “reunirán con todos los actores” de la crisis de hace tres años, como Carolina Ribera, hija de la expresidenta Jeanine Áñez. Sostuvo que buscan ser la “bisagra” entre el Estado y las víctimas.
En agosto de 2021, el Tribunal de Justicia derivó a la Asamblea Legislativa la proposición acusatoria sobre las masacres de Sacaba y Senkata contra Áñez y sus colaboradores.
El 15 de noviembre de 2019, al amparo de Decreto Supremo 4078, que eximía de responsabilidades penales a los militares, una decena de manifestantes cocaleros murió por la represión de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana; cuatro días más tardes, las muertes se repitieron en Senkata.
