En el marco del caso denominado Golpe de Estado II, el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, afirmó este lunes que el equipo de abogados de la defensa de la expresidenta de Jeanine Áñez busca, mediante “chicanas procesales”, llegar a los tres años del proceso y solicitar excepción por prescripción del caso.
“La norma señala que un juicio no debe durar más de tres años y entendemos la defensa (de Jeanine Áñez) va a apostar a lograr vencer ese plazo para plantear después una excepción por prescripción del tiempo. Es parte de las chicanas procesales que tienen los abogados que asumen defensa”, dijo Silva en entrevista con la transmisión digital de La Razón Radio.
Aclaró que el Gobierno apostará a que este proceso “sea ventilado a la brevedad posible y los tres años se cumplan (…) y lograr una sentencia que permita dar una respuesta a la población que hoy está clamando justicia”.
“(El Gobierno espera) que sea una sentencia máxima, pero no queremos plantear la cantidad de años, para que no se entienda que el Gobierno está presionando o que el Gobierno va a definir la cantidad de años (…). Los jueces tienen que fallar en base a las pruebas”, dijo.
A instancias de la Procuraduría General del Estado, a la que se sumaron posteriormente el Ministerio Público y la Asamblea Legislativa, se inició las investigaciones por este caso, que cuestiona la sucesión presidencial de 2019, cuyo juicio fue iniciado este lunes por el Tribunal 1º de Sentencia Anticorrupción de La Paz.
Luego de la renuncia de Evo Morales a la presidencia por un presunto fraude en las elecciones del 20 de octubre 2019, la entonces senadora Jeanine Áñez se proclamó, primero, titular de la Cámara de Senadores y, luego, presidenta del Estado, en sendos actos en la Asamblea Legislativa, sin contar para ello con el quórum reglamentario y la asistencia de la bancada del MAS, que por entonces tenía dos tercios en el Legislativo.
Áñez arguyó vacío de poder ante la renuncia de Morales y apeló a un “comunicado” del Tribunal Constitucional, que invocaba una resolución de 2001, con la que el entonces vicepresidente Jorge Quiroga blindó su sucesión ante el enfermo terminal y dimisionario presidente Hugo Banzer (+).
Aparte de ese proceso, Áñez es investigada por la comisión de supuestos actos de terrorismo, conspiración y sedición y cumple con una detención preventiva en la cárcel de Miraflores desde marzo de 2021.
