El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, negó este miércoles las denuncias de la exministra Roxana Lizárraga de que en 2019 hubiera ofrecido a los exministros Arturo Murillo y Yerko Nuñez las fiscalías de La Paz y Santa Cruz, y, por el contrario, le sugirió concentrarse en su defensa por tráfico de armas de Ecuador a Bolivia.
“No podemos hacer comentarios sobre esos criterios personales políticos, que al margen de apartarse de la realidad y la verdad, ella debería concretarse exclusivamente a esclarecer la denuncia que se ha instalado en el Ministerio Público por el tráfico de armas en el que ella ha incurrido desde Ecuador hasta Bolivia en esa época de 2019”, respondió.
A través de un comunicado, Lizárraga, exministra en el gobierno de Jeanine Áñez, se declaró “perseguida” tras conocer que se la declaró en rebeldía en el proceso activado por el envío de material antidisturbios de Ecuador a Bolivia en la crisis de 2019. En el documento denunció que Lanchipa sacó de la Fiscalía al actual fiscal William Alave, quien informó de su declaratoria de rebeldía.
“Debo señalar a William Alave (fiscal departamental de La Paz que informó sobre la declaratoria en rebeldía de la exministra) que se equivoca al perseguirme. Lanchipa ofreció las fiscalías de distrito de La Paz y Santa Cruz a (Yerko) Núñez (exministro de la Presidencia) y a Arturo Murillo (exministro de Gobierno). Se mantuvo al actual Fiscal General ya que se puso a disposición del gobierno transitorio e inició un trabajo cercano con Arturo Murillo y Yerko Núñez”, afirmó.
Núñez se encuentra prófugo y Murillo fue detenido en Estados Unidos por delitos como soborno.
Lanchipa negó la denuncia de la exministra, de quien se conoce está en Estados Unidos.
“Ella ha sido notificada con todas las actuaciones fiscales que corresponden, ella debería concentrarse exclusivamente en esclarecer la denuncia que se ha instalado en el Ministerio Público por el tráfico de armas, en la que ella habría incurrido desde el Ecuador hacia nuestro país en el 2019, el fondo es ese, la investigación sobre el tráfico de armas que habría coadyuvado”, respondió Lanchipa.
Lizárraga gestionó el envío desde Ecuador de material antidisturbios. Se conoce que llegaron 5.000 unidades de granadas de mano LG-302, 2.389 proyectiles de largo alcance calibre 37 mm., 560 proyectiles de corto alcance calibre 37 mm y 500 granadas de sonido y destello para exteriores, como gases lacrimógenos y otros que fueron ingresados a Bolivia de manera, presuntamente, ilegal, según la Fiscalía.
