A través de un informe publicado el miércoles, el Comité de Derechos Humanos de la ONU (CCPR) cuestionó el poco avance de las investigaciones y la falta de condena sobre la violencia y violación de derechos humanos enla crisis poselectoral de 2019.
El documento, citado como CCPR/C/BOL/CO/4, describe que el CCPR acogió el informe de Bolivia sobre el estado de los derechos humanos en sus sesiones del 8, 9 y 10 de marzo del presente año, y que el 22 de marzo aprobó las observaciones finales.
El Comité “observa con preocupación la información disponible que da cuenta de las limitaciones en el avance de esas investigaciones y que hasta la fecha no se ha dictado ninguna condena”, dice el acápite relativo al “uso de la fuerza en el contexto de manifestaciones” del informe al que tuvo acceso La Razón.
Sobre la violencia y violación de derechos humanos en 2019 en Bolivia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo independiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), estableció en su informe preliminar que hubo “graves violaciones de derechos humanos de amplio espectro y lamentables consecuencias”.
Sugirió la creación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en coordinación con el Estado Plurinacional. Esta misión trabajó ocho meses en el país y el 17 de agosto de 2021 emitió su informe en el que estableció 37 muertes a bala, la mayoría de ellas, una veintena, en las masacres —como ratificó— de Sacaba y Senkata. Incluso dijo que en la represión militar y policial, al amparo del Decreto Supremo 4078, que eximía de responsabilidades a los operadores, hubo ejecuciones sumarias.
El GIEI recomendó el esclarecimiento de los hechos y el avance en justicia, verdad y reparación de las víctimas de los hechos sucedidos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.
A siete meses de aquel informe, la CIDH y la Cancillería de Bolivia firmaron el 22 de marzo reciente el Plan de Trabajo para la Mesa de Seguimiento a la Implementación de las Recomendaciones del GIEI-Bolivia (MESEG-B), cuya finalidad principal es “desplegar acciones de acompañamiento técnico y seguimiento de las recomendaciones” de los expertos.
La mesa trabajará dos años en Bolivia y buscará diálogo entre el Estado y las víctimas, y la sociedad, e impulsará la reparación judicial de las víctimas de 2019. Hará tres visitas anuales al país.
En coincidencia con esas recomendaciones el CCPR insistió en que esos hechos sean investigados “sin demora y de manera exhaustiva, independiente e imparcial; que los presuntos autores comparezcan ante la justicia y los responsables sean sancionados adecuadamente; y que las víctimas reciban reparación integral”.
Crisis.
Cuestionadas las elecciones de 2019 por la OEA, se desató un conflicto que desembocó en la renuncia de Morales el 10 de noviembre, luego de un paro cívico, un motín policial y la sugerencia de dimisión presidencial de parte de las Fuerzas Armadas.
La situación desembocó en la proclamación de la senadora Jeanine Áñez en sendos actos en la Asamblea Legislativa, el 12 de noviembre, que desató conflictos en sju contra y a favor de Morales.
El 14 de noviembre, la mandataria y su gabinete promulgaron el decreto. Un día después se produjo la masacre de Sacaba, que dejó 10 fallecidos; y el 19, la de Senkata (El Alto), que terminó con la vida de otros 10 manifestantes. Todos, bajo disparos.
