El juicio penal contra la expresidenta Jeanine Áñez por el caso Golpe de Estado II fue declarado este viernes en receso hasta el martes 12 de abril. En la audiencia de este viernes intervino Áñez y reivindicó su derecho de ser procesada en un juicio de responsabilidades.
El tribunal presidido por el juez Germán Ramos instaló este viernes la audiencia presencial en la cárcel de Miraflores, donde se encuentra recluida Áñez. En lo que va de esta semana la fiscalía y el resto de acusadores presentaron sus alegatos de la denuncia por delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, e incumplimiento de deberes.
Este viernes fue el turno de Áñez, quien negó la comisión de algún delito cuando asumió el poder el 12 de noviembre de 2019. Durante su declaración, insistió que le correspondía por “sucesión constitucional” asumir el poder ante la renuncia de la entonces presidenta del Senado Andriana Salvatierra, como del presidente de Diputados Víctor Borda, pero que dejó en claro, aunque no dijo a quienes, que no tenía la intención de imponer su posición.
“No estaba para imponerme, no estaba en condiciones de estar instruyendo ni dando órdenes a nadie. No tenía voz ni voto ni en mi partido (Demócratas), mucho menos voy a tener teléfonos o contactos con militares”, sostuvo.
Áñez llegó al poder el 12 de noviembre de 2019, luego de definiciones tomadas en una reunión de cívicos y políticos de oposición en la Universidad Católica Boliviana (UCB). Evo Morales dimitió el 10 de ese mes, cercado por protestas cívicas que denunciaban fraude electoral, un motín policial y la “sugerencia” militar de dimisión.
También reiteró que debe ser juzgada en un juicio de responsabilidades, aunque la Fiscalía y el resto de la parte acusadora explicaron en varias ocasiones que se la juzga a Áñez en su condición de legisladora en este caso de Golpe de Estado II.
Según el Ministerio de Gobierno, parte acusadora, hay más de 100 pruebas que respaldan la acusación contra Áñez y los coacusados, militares y policías. También aseguró que, “de manera premeditada y conociendo el procedimiento constitucional y legislativo ejecutó 15 órdenes contrarias a la Constitución y a los reglamentos camarales de la Asamblea Legislativa Plurinacional al autoproclamarse presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia”.
En la audiencia, la expresidenta afirmó que es un “juicio político” el que se le sigue.
“Este es un juicio político y yo soy una presa política. (…) Yo no reconozco a este tribunal, yo no reconozco la acusación de los señores fiscales porque están actuando políticamente. Yo, como exsenadora y como expresidenta, les guste o no, yo tendría que ser sometida a un juicio de responsabilidades”, insistió.
El martes, a las 10.00, se reanudará la audiencia. Se definió que las audiencias serán presenciales y virtuales.
